Joshua, un juarense de 25 años, perdió en cuestión de horas lo que le tomó años construir: su trabajo como transportista en Estados Unidos.
Durante más de seis años, su rutina fue la de muchos en Ciudad Juárez: cruzar a El Paso, llegar a su empresa y trasladar mercancía de un lado a otro de la frontera.
Pero hace unas semanas, todo cambio. Mientras cruzaba con su familia para hacer compras, un agente migratorio retuvo su visa láser y comenzó a cuestionarlo sobre su ocupación. Al responder que era transportista, el agente reaccionó doblando la mica y devolviéndosela dañada.
Joshua reclamó en ese momento, pero le aseguraron que no tendría problemas.
Días después, el 28 de abril, al intentar tramitar su permiso, otro agente detectó el daño en la visa y le informó que el chip no podía leerse. Joshua intentó explicar lo ocurrido, pero no fue escuchado.
Fue detenido durante horas y, al ser liberado, recibió un documento de deportación que le prohíbe ingresar a Estados Unidos durante los próximos cinco años.
El impacto fue inmediato: perdió su empleo y con él la única fuente de ingresos para sostener a su esposa e hija.
Su caso no es aislado. En la frontera de Ciudad Juárez, transportistas enfrentan un entorno cada vez más complicado para cruzar, tras el endurecimiento de las regulaciones impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump desde mediados del año pasado.
Medidas como la exigencia de hablar inglés de manera fluida, aprobada en abril, y la suspensión en la emisión de visas de trabajo para este sector, vigente desde junio de 2025, han cambiado las condiciones para los operadores que dependen del cruce diario.
Bajo el argumento de “garantizar la seguridad en las carreteras”, la política estadounidense ha derivado en revisiones más estrictas, cancelaciones de visas y un trato más hostil hacia los choferes mexicanos.
Medios en Tijuana y San Diego han reportado que en semanas recientes se han retirado más de 70 visas a conductores de transporte de carga por presuntas violaciones a las reglas de cabotaje del T-MEC.
En el caso de Juárez–El Paso, la abogada en migración Nancy Mijares advirtió que desde inicios de 2026 han aumentado los casos de retiro de visas y detenciones arbitrarias.
Para Joshua, la siguiente batalla será legal. Con asesoría, busca interponer una queja ante el consulado de Estados Unidos para tratar de revertir la sanción que hoy le impide cruzar la frontera.
Para especialistas, casos como el suyo reflejan un patrón que comienza a repetirse en esta frontera y que ya impacta directamente en la vida de trabajadores juarenses.
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