Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó aplicar penas de hasta 26 años de prisión a ladrones de escuelas o bienes de instituciones educativas. La medida también contempla a quienes dañen dichos espacios.
También se reformó el Código Penal para penalizar con seis meses a seis años a quien cause destrucción o deterioro a un bien inmueble protegido o declarado patrimonio cultural sobre bienes de instituciones educativas.
Además de las penas de cárcel, se contempla que los ladrones paquen una multa equivalente a 750 mil 250 días de multa.
El grupo parlamentario del PAN había presentado la iniciativa, misma que se turnó a la Comisión de Justicia para su dictamen.
Ladrones imparables: en 20 meses van 349 carpetas por robo o daños a escuelas
En éste, se dio a conocer que, solo en los 20 meses: de enero de 2020 al 13 de agosto de 2021, se abrieron 349 carpetas de investigación por el delito de daños y robos escuelas.
La mayor incidencia de delitos se ha concentrado en Ciudad Juárez y Chihuahua capital. En total, son 5 mil 300 planteles de escuelas públicas de los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria.
En sí, la iniciativa se centra en el robo y daños en las escuelas como actos vandálicos y sustracción de cableado, equipos de cómputo y materiales educativos, entre otros
El diputado Carlos Olson (PAN) leyó el dictamen que horas antes se había aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
En dicho documento, se propone reformar el artículo 238 bis y se adiciona un segundo párrafo al 212 un segundo párrafo del Código Penal.
Dichas reformas contemplan agravamiento de penalidades a quienes dañen o roben a edificios educativos e instituciones culturales.
En la tribuna del Congreso, el legislador expuso que la conducta delictiva por sí sola afecta al debido ejercicio del derecho humano de acceso a la educación y al agua.
Esto debido a que muchos de los robos tienen que ver con la sustracción de tuberías de agua y cableados eléctricos.
En ambos casos, se afecta el derecho al agua y a la salud, ya que las y los escolares no podrán lavarse las manos constantemente.
Con la falta de cableados eléctricos, se afecta el funcionamiento de computadoras y de sistemas de aire acondicionado, agregó.
“La gravedad de la pena debe ser proporcional al hecho antijurídico”, dijo el diputado. Las penas más grandes se deben dirigir a los que atenten los derechos más importantes, en este caso, la educación y la salud.
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