El especialista en temas de seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, cuestionó las decisiones que tomó el Gobierno de Donald Trump, para obligar a México a frenar el cruce de fentanilo y el paso de migrantes a Estados Unidos, con la amenaza de aplicar aranceles de 25 por ciento a los productos que se importan a dicho país.
Dijo que los temas están siendo utilizados por Estados Unidos como arma de negociación diplomática, cuando ni siquiera se tienen parámetros para medir los resultados esperados.
Indicó que no se han establecido cuántos decomisos de droga o cuántos migrantes frenados serán suficientes para que no se apliquen los aranceles con los que se amenazó a México.
El exsecretario de Seguridad en Tijuana, Morelos y Quintana Roo, anotó que ciertamente son añejos los temas del trasiego de drogas y de paso de personas indocumentadas al norte de la línea divisoria, donde los Gobiernos locales y el Gobierno de la República no hicieron lo necesario para poder controlar estos fenómenos, donde esto ha llegado a un nivel de crítica, insatisfacción y presión por parte de la sociedad norteamericana.
Subrayó que la reacción política del nuevo Gobierno de Donald Trump, en todos los aspectos busca satisfacer a su clientela política y está tomando estas decisiones inéditas que no necesariamente van a traer una efectividad inmediata, porque parece ser que se toman en el calor de las negociaciones diplomáticas bilaterales que se están generando.
Señaló que una política integral debe traer muchos aspectos, entre ellos el tema y seguimiento del lavado de activos, la atención del tema de salud para poder controlar el mercado de consumo particularmente en Estados Unidos, así como la definición muy clara de las rutas de trasiego y la definición de objetivos específicos.
Capella Ibarra enfatizó que independientemente de la decisión de EU, disminuyó el riesgo de lo que representaba el impacto económico por el tema de los aranceles, con la respuesta de Claudia Sheinbaum de enviar a efectivos militares a la frontera, “lo cual es bueno”, sin embargo, enfatizó que “no hay un mecanismo de medición que te diga que el Gobierno mexicano tenga que cumplir con determinada cantidad de decomisos”.
Agregó que tampoco queda claro cuál será la disminución migratoria, para que en 30 días no haya una decisión en sentido contrario por parte del Gobierno de Estados Unidos, lo cual le preocupa.
Subrayó que quedan en el aire los adjetivos calificativos tan dramáticos, inéditos, de la presunta relación con criminales por parte del Gobierno mexicano, lo cual estaría ocasionando ruido en las negociaciones.
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