“No estoy dispuesta a enfermar un cuerpo sano”, fue la respuesta que recibió José, un hombre transgénero, luego de solicitar una terapia de reemplazo hormonal en su clínica correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez.
Al intentar presentar una queja, el jefe de clínica argumentó que el Seguro no cubría ese procedimiento. Una vez que José le presentó un protocolo de atención médica específico para su situación, la postura del jefe cambió: le sugirió volver en un par de meses, cuando otra especialista endocrinóloga regresara de sus vacaciones, pues tal vez ella sí estaría dispuesta a darle el tratamiento.
En junio de 2017, la Secretaría de Salud publicó el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (Lgbttti); dicho documento fue aprobado a nivel nacional para garantizar el acceso a la salud sin discriminación, el cual contempla la atención sicológica y endocrinológica para la conversión de sexo de hombres y mujeres transgénero. Sin embargo, casi dos años después, sigue habiendo trabas para acceder a ese tipo de procedimientos.
Aun tomando en cuenta el caso de José, en Ciudad Juárez el panorama no es tan desalentador en comparación con otras ciudades del estado. De acuerdo con Daniel García, titular del colectivo Red Solidaria Trans, por lo general el servicio sí se brinda.
“Conozco una chica de Ascensión, un poblado superpequeño en donde ni siquiera hay especialistas. A ella le niegan el servicio de entrada, no por discriminación, como se pudiera pensar, sino porque realmente no hay quién se lo dé”, comentó.
Discriminación en Chihuahua
Red Solidaria Trans está enlazado con el colectivo Género sin Fronteras, originario de la ciudad de Chihuahua; sus integrantes han dado a conocer que en la capital les niegan el servicio en definitiva, pues consideran que el procedimiento es una cuestión de lujo o de estética y, por ende, no pertenece a lo que ellos pueden hacer, aun cuando está el protocolo.
Para algunas personas, conseguir el tratamiento tanto sicológico como hormonal es relativamente fácil, pues si no lo consiguen por medio de servicios de salud pública simplemente se atienden por vía particular.
Tal es el caso de Andrés, quien considera que los procedimientos legales para el cambio de identidad son incluso más desgastantes que el acceso a la atención médica.
El amparo: un aliado
“Afortunadamente tengo los medios para atenderme por fuera por si me niegan el servicio médico, pero en mis cambios de documentación no es así. Tú vas y piensas que las cosas se van a dar. No sabes que tienes que ir preparado como si fueras un activista o conociendo cómo son los procesos de gestión adecuados”, mencionó.
Para ese tipo de procedimientos comúnmente se busca el acompañamiento de colectivos. En Chihuahua, el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (Cheros) es en donde se han encargado de ello. Para tramitar el cambio de datos del acta de nacimiento, el primer paso es presentar una solicitud en el Registro Civil del Estado.
Desde el principio se sabe que dicha solicitud será negada, así que el siguiente paso es presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia. El órgano judicial tarda entre tres y doce meses en responder al amparo y no hay ninguna seguridad de que este sea concedido.
El caso de Andrés, en cuestión de su acceso al tratamiento médico, es diferente al de la mayoría. Las personas trans tienen que cubrir los gastos de la atención sicológica, las consultas de especialistas, los análisis clínicos, medicamentos y seguimiento -que se da cada tres o seis meses-, así como las cirugías que sean necesarias; se trata de un proceso de por vida, pues de forma constante se tiene que estar siguiendo la evolución y el cambio de la persona para evitar efectos secundarios, o que regresen a tener las características físicas que tenían antes debido a que no se suministran de forma correcta las hormonas. Es una inversión difícil de costear, sobre todo para una comunidad con la particularidad de no poder mantener trabajos estables debido a la discriminación.
Dificultad para trabajar
Luis, por ejemplo, ha manifestado no poder estar más de un par de meses en un empleo. Su principal incomodidad, además de los malos tratos, es el hecho de que las personas no se interesan por respetar su identidad.
“Estuve trabajando en la cafetería de una maquila; les dije a mis compañeros que era trans y que quería que se refirieran a mí como un hombre. La mayoría no me hizo caso. Incluso tuve que renunciar por eso, porque mi jefe se comportó muy intolerante y yo ya no quise discutir. Cada que dejaba solicitudes, cuando sí me llamaban, me enfrentaba con muchas cosas, sobre todo con lo típico de ‘es que yo no tengo por qué hablarte así, no es mi obligación’”, relató.
La situación no mejoró cuando Luis logró actualizar sus documentos oficiales, pues seguían rechazándolo, pero ahora con la excusa de que su apariencia era muy andrógina.
Quienes no cuentan con algún tipo de servicio médico (IMSS, Issste, Seguro Popular, etc.), ni con el dinero necesario, recurren a la automedicación.
Daniel, desde su colectivo, ha tenido que lidiar con casos de personas que sufren las consecuencias de esa decisión.
“Lo ideal sería que todos estuviéramos afiliados al IMSS, pero la realidad es que la mayoría de la gente se va hacia la automedicación, porque no conoce los riesgos; sobre todo las mujeres trans, por ejemplo cuando una amiga le dice que si se inyecta tal cosa, le van a crecer los pechos, y pues ahí va la persona y se inyecta aceite de cocina, con lamentables consecuencias, pero porque no saben los riesgos que implica una terapia de reemplazo hormonal no controlada», dice.
Este problema se agrava si se toma en consideración el miedo que puede provocar el rechazo de un médico. La persona trans tiene la idea de que desde un inicio le negarán el servicio, así que ve inútil intentarlo y mejor decide autohormonarse.
De acuerdo con Sonia Mayagoitia, médico especialista con 30 años de experiencia en el IMSS, sus colegas expresan no tener ningún deseo o interés en tratar a este tipo de pacientes.
De los aproximadamente ocho endocrinólogos que ejercen en Ciudad Juárez, de los cuales dos trabajan para el seguro social, la doctora menciona que algunos no se interesan por actualizarse sobre el tema, así que no leen y, por lo tanto, no están preparados para brindar esa atención; por otro lado, hay médicos que se niegan tajantemente a practicar esos procedimientos. El consenso general parece ser que solo accederían a tratar a un paciente transgénero si se les obliga a hacerlo.
‘No es problema de salud pública‘
Uno de los argumentos más utilizados para negar el servicio es el hecho de que los médicos no consideran la transgeneridad como un problema de salud pública, así que gastar en sus medicamentos y análisis es visto como un capricho, como si no lo necesitaran realmente.
Para Leticia Chavarría, miembro del Comité Médico Ciudadano y exdirectora de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, estos pacientes también son contribuyentes, también aportan con impuestos, así que decir que se gasta más en ellos que en otros que lo necesitan no es un argumento válido.
La doctora Mayagoitia comentó que los médicos tienen la obligación de atender a quienes lleguen a su consultorio solicitando ayuda y, en caso de negarse, el afectado puede proceder de manera legal porque se le está coartando un derecho.
“Los médicos no tienen ninguna autoridad para decidir que sí le dan tratamiento al diabético, pero no al transgénero. No es justo negar una atención porque nosotros pensamos que no es tan urgente como un cáncer o un tumor; a final de cuentas se trata de alteraciones de tipo mental que pueden generar depresiones y suicidios”, explica.
El rechazo que sufrió José no se trata de un caso aislado. Él finalmente decidió esperar a su siguiente cita, a merced de que el especialista que lo reciba tenga la libertad de atenderlo o no.
Decidió no interponer una queja debido a que no tiene tiempo de estar luchando por algo que ya debería tener garantizado; está a cargo de un hijo menor a quien debe atender y en su trabajo no es fácil conseguir permisos para darle seguimiento a una denuncia.
(Daisy Espinoza Galván es estudiante del noveno semestre de Periodismo en la UACJ)
*El nombre de José fue modificado para resguardar su identidad.
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