Los Gobiernos tienen una fascinación casi irresistible por los registros. Cuando un problema parece demasiado grande, demasiado complejo o demasiado difícil de resolver, aparece la misma receta: crear una base de datos. Si el problema son los automóviles, registro. Si son las armas, registro. Si son los contribuyentes, registro. Y si son los delincuentes que utilizan teléfonos celulares, entonces la solución parece obvia: registrar a todos los usuarios.
La pregunta es si la solución realmente combate al delincuente o simplemente aumenta el control sobre el ciudadano. México está a punto de volver a responder esa pregunta.
El próximo 30 de junio vence el plazo para vincular las líneas celulares con la CURP de sus propietarios. Quien no complete el procedimiento podría perder el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles. La intención oficial es clara: facilitar la identificación de quienes utilizan teléfonos para cometer delitos. Sobre el papel, la propuesta parece razonable. El problema es que México ya recorrió este camino y los resultados no fueron precisamente alentadores.
En 2009 nació el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como Renaut. La promesa fue combatir las extorsiones telefónicas que ya entonces causaban estragos en el país. Millones de ciudadanos registraron sus líneas. Los criminales, en cambio, siguieron extorsionando. Lo único que terminó registrándose con notable eficiencia fueron los datos de los ciudadanos cumplidos. Peor aún, la base de datos terminó filtrada y circulando ilegalmente. El remedio no curó la enfermedad y además produjo nuevos problemas.
Una década después apareció el Panaut. Esta vez la apuesta fue más ambiciosa. No bastaban los datos personales, se buscaban datos biométricos. La propuesta terminó siendo invalidada por la Suprema Corte al considerar que afectaba derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la protección de datos personales. Nuevamente, la promesa de seguridad chocó contra los límites que una democracia debe respetar.
Ahora llega una tercera versión. Más discreta. Menos invasiva en apariencia. Sin biométricos. Pero basada en la misma lógica: vincular una línea telefónica con una identidad específica.
El argumento oficial es comprensible. Si una línea está asociada a una persona, las investigaciones serán más rápidas. El problema aparece cuando se analiza cómo opera realmente la delincuencia.
Los grupos criminales rara vez utilizan mecanismos convencionales. Emplean teléfonos robados, identidades falsas, chips extranjeros, aplicaciones cifradas, números virtuales o plataformas digitales que ni siquiera pasan por los esquemas tradicionales de telefonía. En otras palabras, los delincuentes profesionales suelen ser los primeros en encontrar rutas de escape.
Por eso la pregunta central permanece intacta: si todos los ciudadanos honestos registran sus teléfonos, pero los delincuentes encuentran maneras de evitar el sistema, ¿quién será realmente vigilado? La respuesta resulta incómoda. Porque el ciudadano común sí tendrá consecuencias directas. El comerciante que utiliza su celular para cobrar. La madre de familia que coordina a sus hijos. El trabajador que recibe instrucciones laborales por WhatsApp. El estudiante que depende de sus datos móviles para conectarse a clases. Todos ellos enfrentarán sanciones si incumplen. El delincuente profesional, en cambio, probablemente ya está buscando cómo rodear el obstáculo.
A esto se suma otro problema: la confianza. México cuenta con aproximadamente 144 millones de líneas celulares activas. Hasta mediados de mayo apenas se habían completado cerca de 48 millones de registros. Eso significa que casi dos terceras partes permanecían pendientes. (Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT)
Cuando millones de personas no participan en un programa gubernamental, pueden existir varias explicaciones. Tal vez desconocimiento. Tal vez indiferencia. Pero también existe una posibilidad que las autoridades rara vez reconocen: la falta de credibilidad. Y la desconfianza tiene antecedentes. Durante los últimos años México ha enfrentado múltiples filtraciones de información pública y privada. Padrones electorales, bases de datos comerciales, registros gubernamentales y expedientes han terminado expuestos de diversas maneras. Cada filtración erosiona un poco más la confianza ciudadana. Porque la cuestión no es solamente para qué se recopilan los datos. La cuestión es quién los protege. Y qué ocurre cuando dejan de estar protegidos.
La experiencia internacional tampoco ofrece respuestas definitivas. Algunos países exigen registros obligatorios para adquirir una línea telefónica. Otros han flexibilizado estas medidas al comprobar que su impacto sobre el crimen organizado resulta limitado. Lo que sí parece constante es que los delincuentes se adaptan con rapidez, mientras que los ciudadanos cargan con los costos administrativos y los riesgos derivados de concentrar grandes cantidades de información personal.
En el fondo, la discusión no es tecnológica. Es filosófica. Desde hace siglos existe una tensión permanente entre libertad y seguridad. Los Gobiernos argumentan que sin seguridad las libertades se vuelven frágiles. Los defensores de la privacidad recuerdan que los Gobiernos rara vez renuncian voluntariamente a las facultades de vigilancia que adquieren.
Ambos tienen parte de razón. Por eso la verdadera pregunta no es si queremos más seguridad. Todos la queremos. Tampoco es si debemos combatir a los criminales. Todos estamos de acuerdo en ello. La pregunta correcta es otra. ¿Estamos atacando al delincuente o estamos registrando al ciudadano?
Porque después del Renaut, después del Panaut y después de tantas promesas incumplidas, la confianza ya no se obtiene por decreto. Se gana con resultados. Y hasta ahora, los resultados siguen siendo la parte más difícil de encontrar. Ahí, el meollo del asunto.
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