El presidente de la Barra y Colegio de abogados Defensores de Refugiados, Jorge Vázquez Campbell, dijo que en estricta justicia se dio la vinculación a proceso del contraalmirante Salvador González Guerrero, por ser el responsable de la política migratoria que impidió que quedaran libres los migrantes que terminaron muertos y otros lesionados.
Comentó que el representante del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Chihuahua, iba con frecuencia a la estación migratoria del puente internacional Lerdo, de tal manera que no puede afirmar que no sabía las irregularidades que se cometían en el lugar.
“No hay manera de decir que no sabía, entonces la decisión que tomó el juez de Control fue la adecuada, cumplió con su deber”, enfatizó.
Recordó que el juez ha desechado las solicitudes de la defensa, en la que se han pedido que dejen a González Guerrero en prisión domiciliaria, debido a un supuesto padecimiento de diabetes, pero también han solicitado que lo dejen estar en una cárcel militar, pero se le negó por no estar en funciones.
“La justicia es que va a estar el contraalmirante en un cuarto similar a donde estuvieron los refugiados y va a tener una probadita de su propio chocolate”, anotó el abogado.
Indicó que a los migrantes se les dejaba como reos de una cárcel y ahora el funcionario sabrá lo que sintieron las personas al estar tras las rejas, tras haber sido vinculado a proceso con medida cautela de prisión en el Cereso estatal 3.
“DEBE TENER PRISIÓN PREVENTIVA PARA QUE NO EVADA LA JUSTICIA”
Agregó que en el caso del comisionado Francisco Garduño, el Ministerio Público debería solicitar la prisión preventiva necesaria contra él, debido a que se corre el riesgo de que se evada de la justicia.
Mencionó que “el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que cuando un juez considere que la persona que está liberando bajo fianza puede huir del país porque tiene recursos económicos o forma de salirse y no presentarse a juicio, entonces puede ordenar la prisión preventiva necesaria”.
Señaló que en el caso de Garduño, “se trata de un hombre muy solvente y con un problema de 40 muertos”, de tal manera que no se descarta que pueda intentar abandonar México para evadir el proceso.
Agregó que en el caso de que lo declaren penalmente responsable, existe ese riesgo de que no se presente a enfrentar cargos para la eventual reparación del daño de esas 40 víctimas mortales.
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