Las precandidatas a magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Gabriela Soraya Márquez Blanco, Perla Guadalupe Ruíz González, Rocío Iveth González Lara y Érika Mireya Mendoza García, manifestaron que contenderán en condiciones de desventaja, pues se les incluirá “de última hora” en la boleta electoral.
Para entonces, señalaron, ya habrán pasado al menos tres días de campaña, y ellas apenas podrán iniciarla, debido a que el Congreso del Estado no las había incluido en las propuestas del Poder Legislativo para inscribir candidaturas para la elección de integrantes del Poder Judicial local.
“Nos encontramos en una situación desigual frente a otros aspirantes que ya han iniciado su difusión pública”, expresaron, mediante un comunicado de prensa.
Después de haber quedado fuera de la contienda por una decisión exclusiva del Congreso del Estado, promovieron recursos en contra de dicho fallo, mediante el argumento de que se habían violentado sus derechos políticos al no permitirles la posibilidad de ser votadas, pese a que habían cumplido todos los requisitos y fueron seleccionadas mediante un proceso legítimo.
Además, denunciaron actos ilegales y de violencia política por razón de género por parte del órgano –en este caso, el Congreso del Estado– que decidió relegarlas.
En su comunicado, las ahora aspirantes afirmaron que la sentencia que obligó al Congreso y al Instituto Estatal Electoral (IEE) a incluirlas “sienta un precedente importante en el reconocimiento del derecho de toda la ciudadanía a participar en elecciones democráticas sin discriminación.
“Confiamos en que el Instituto Estatal Electoral nos notificará a la brevedad como candidatas formales, nos brindará la capacitación debida y podremos iniciar nuestras campañas”, señalaron las aspirantes, señalaron.
Asimismo, recalcaron su compromiso con la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, así como su exigencia de un trato digno para todas las personas participantes en este proceso.
¿Qué pasó?
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió el juicio de protección a los derechos político-electorales número SUP-JDC-1715/25 y sus acumulados, promovidos por mujeres abogadas aspirantes a magistradas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, ordenando su reincorporación al proceso de elección.
Las aspirantes denunciaron haber sido excluidas de manera discriminatoria del listado de contendientes por parte de la Junta de Coordinación Política y el Pleno del Congreso del Estado, pese a haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la convocatoria para la selección de jueces y magistrados.
Según su denuncia, esta decisión violó sus derechos políticos y ciudadanos, así como los de otras 94 personas, de las cuales 48 habrían sido eliminadas definitivamente del proceso.
El Tepjf determinó que la exclusión de las aspirantes se dio sin el debido proceso, incumpliendo lo establecido en el artículo 101, fracción IV, de la Constitución del Estado.
Como parte de la resolución, se ordenó a la presidenta del Congreso enviar en un plazo máximo de seis horas la lista completa de los 94 aspirantes a la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE). A su vez, el IEE tendrá seis horas para modificar e incluir a las personas excluidas en su informe, y remitirlo al Consejo General, el cual deberá aprobarlo en un máximo de 12 horas y enviarlo para su publicación e impresión de boletas.
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