El intento de entregar a agentes privados la operación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, no solo fue detenido en la reunión mensual del Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), el pasado jueves 29 de octubre.
También quedó en evidencia un conflicto de interés de uno de los asesores del Consejo, que pretendía beneficiarse con la licitación de la operación de dichas instalaciones, reveló el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y consejero de la JMAS, Gustavo Córdova Bojórquez.
Por esta razón, el propio presidente del Consejo, Rogelio Ramos Guevara, pidió que se desechara la propuesta de licitar la operación de las dos plantas, refirió Córdova.
Lo anterior, debido a que dicho proceso significaría una erogación mensual de entre 40 y 45 millones de pesos (mdp), lo cual sería entre 10 y 15 mdp más de lo que se pagaba al concesionario, que eran 30 mdp, según documentos de la JMAS a los que Norte Digital tuvo acceso.

En la reunión del jueves, el presidente del organismo, Rogelio Ramos Guevara, alertó sobre la pretensión del empresario Sergio Ibarra (a quien se le buscó para que expusiera su versión de los hechos y no respondió mensajes) de hacerse con la concesión, a pesar de ser él mismo, hasta esa fecha, asesor del organismo.
Sobre la participación de Ibarra, Córdova Bojórquez recordó que fue en abril de este año, cuando el entonces director ejecutivo Marco Licón (QEPD), lo propuso como asesor, después que en febrero había terminado su periodo como consejero.
“En ese momento el Consejo lo aceptó, pero ahora le reclama esa conducta de que no puede ser juez y parte”, señaló.

Ante un posible conflicto de interés, es mejor ser prudente
Refirió que el propio presidente del Consejo, al enterarse que Ibarra era uno de los interesados en entrar a la licitación, alertó sobre el evidente conflicto de interés.
“Desde ese momento ya no puede estar en el Consejo, porque es un consejo ciudadanizado, donde se nos exige a todos, que no tengamos conflicto de interés con el organismo operador”, afirmó Córdova.
Reveló que, después que el Consejo decidió que se retirara a Ibarra, el propio director ejecutivo, Alberto Paredes Arroyo, insistió que lo conservaría como asesor de la dirección.
“Le dijimos que de todos modos era un conflicto de interés, porque no puede ser asesor del director, si quiere seguir participando como proveedor del organismo operador”, remarcó el académico.
“Yo lo que le exigí a nuestro director fue prudencia; (…) debemos ser prudentes y no generar ninguna suspicacia, tenemos que mantenernos en una línea de transparencia y de cumplimiento estricto de la ley”, indicó.
La opción que debe ser analizada, dijo Córdova Bojórquez, es si no sería más adecuado que el organismo se hiciera cargo de la operación directamente.
Así lo hace desde que venció la concesión en junio de este año, con un costo aproximado de 18 mdp mensuales, añadió.
Ese esquema implicaría que se aproveche la experiencia acumulada de los veinte años que duró la concesión, y en el cual, los técnicos de la JMAS cumplieron una curva de aprendizaje que les permitiría mantener los procesos, explicó.
“Se pone el punto (de la licitación) y no se avisó con tiempo, sino en la mañana del mismo 29 aparece el punto, como que se va a tratar de autorizar la asignación de la planta, pero sin que ningún consejero supiéramos en qué términos venía; (…) antes se tenía que dialogar y esperar el resultado del análisis”, insistió.
De acuerdo con el investigador, haber puesto en el orden del día el tema de la licitación, apenas la mañana del mismo día 29, evidenció “un muy mal manejo de la dirección ejecutiva del organismo operador”.
Recordó que, desde el 1 de junio de este año, la empresa francesa Veolia, entregó la operación de las plantas de tratamiento norte y sur debido a que se venció la concesión.
Entonces -precisó- se estableció por parte del Consejo de Administración, un plazo de seis meses para revisar el funcionamiento, ahora a cargo de la JMAS.
Eso implicaba hacer una proyección de gastos, de recursos humanos y de necesidades de inversión, para decidir si se seguía operando directamente o se volvía a licitar una concesión, agregó.
Incluso detalló que en una visita a principios de julio, constató que la planta norte, está trabajando a un 90 por ciento de remoción de materia orgánica, y la sur a un 85 por ciento.

Esos porcentajes son positivos, pero implican que al menos en la sur, se requieren ajustes e inversión, acotó.
Debido a que en 2021 la norma exige cumplir parámetros para operar, abundó, se debe definir si se puede operar con recursos propios, pero esa es una valoración que corresponde hacer al propio Consejo de Administración, puntualizó.
“Sí tenemos recursos y personal, pero necesitamos hacer un balance general, una gobernanza analítica, revisar a fondo las cosas (…); no puede ser una decisión que alguien toma unilateralmente, porque para eso está (desde 2018) el Consejo de Administración, que plantea una relación horizontal con el resto de los actores sociales”, ponderó.
De acuerdo con Córdova, este martes 3 de noviembre se enviarán los estudios técnicos a todos los consejeros y el jueves 5 se llevará a cabo una sesión extraordinaria, para decidir al respecto.
Estimó importante que nadie pretenda llegar con “decisiones apresuradas” porque -remarcó- está en juego el saneamiento de las aguas en Juárez, para los próximos veinte o treinta años y eso incluye compromisos binacionales, que deben cumplirse.
Antes del cierre de este reporte, Norte Digital buscó una postura del director ejecutivo, Alberto Paredes Arroyo, quien ofreció dar una entrevista el miércoles 4 de noviembre.
La transmisión de la junta del Consejo de Administración del 29 de octubre, que por ley debía ser pública y de acceso permanente en internet, fue eliminada del canal de Youtube de la JMAS , sin una explicación técnica, solicitada por este medio de comunicación al propio director ejecutivo.
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