Un nuevo intento por llevar a proceso penal a la exdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, –hoy embajadora de México en Francia–, se desarrolla a través de un recurso de impugnación que busca tumbar un primer fallo judicial de no acción penal, por la supuesta responsabilidad en el delito de Coalición de Servidores Públicos.
En septiembre del año pasado, el legislador priista Omar Bazán interpuso una querella por el delito tipificado en el artículo 216. Fue resuelta en sentido negativo para su interés.
El artículo en mención, previsto en el Código Penal Federal, asienta que cometen el delito de coalición de servidores públicos quienes teniendo tal carácter, se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general. También para impedir su ejecución o hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.
De igual manera se señala que a quien cometa el delito se le impondrán de dos a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito.
Impugnan exoneración de exdirectora de Conagua
Apenas en junio, la autoridad federal libró de cualquier responsabilidad a Jiménez, reservando al demandante el derecho de impugnación.
El diputado local presentó formalmente el recurso de impugnación ayer. Su argumento fue que no se valoraron la serie de omisiones en que incurrió la entonces directora general de la Comisión Nacional del Agua.
Según el legislador, “la señora Blanca Jiménez Cisneros, presidenta del Consejo de Cuenca del Río Bravo, coludida con diversos servidores públicos, dispusieron indebidamente del agua de las presas de Chihuahua”.
Como alegatos de defensa, la funcionaria presentó numerosas actas de acuerdos donde enumeraba las acciones tomadas en referencia al trasvase de las presas. Esto, para el pago de la cuota de agua del estado se Chihuahua al tratado Internacional.
Empero, según Bazán, el acta de toma de acuerdos no indica que sus actos se ajustaran a los parámetros y exigencias de la ley. Sobre todo en la omisión de considerar y tomar el parecer de presidentes municipales en representación de ayuntamientos que integran la cuenca del Río Bravo. Lo cual ni siquiera se analizó en las consideraciones de la resolución que se combate.
Salida fácil
El pasado 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la salida de Blanca Jiménez y destacó que tenía una trayectoria de prestigio.
“La estimamos mucho. Ella tiene un asunto familiar, se le presentó un problema familiar. Y tiene que dejar la Conagua, que dejar el país. Le tenemos mucha confianza. Es una mujer preparada”, dijo el mandatario.
En esa oportunidad, el presidente dijo que además implementaría una serie de cambios en la Conagua, “porque estaba tomada por un partido, por el PAN”.
Renuncias
Acto seguido, se dieron renuncias de Víctor Yamanaka Alcocer, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola; Eduardo Seldner, subdirector general de Administración de la Conagua y Alfredo Ocón, subdirector general técnico de la dependencia.
Además renunciaron también Eugenio Barrios, subdirector General de Administración del Agua; Patricia Ramírez, subdirectora general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; y Celia Maya García, subdirectora general Jurídica.
La depuración en el organismo a nivel local data desde el inicio de las protestas de agricultores. Los campesinos se opusieron a las entregas de agua a Estados Unidos sin los estudios técnicos adecuados.
El 8 de septiembre, los agricultores tomaron la presa La Boquilla y obligaron al retiro de grupos antimotines de la Guardia Nacional que resguardaban el cuerpo de agua. Ese mismo día, por la noche fue asesinada Yesica Silva y herido su esposo, a manos de agentes de la Guardia Nacional.
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