El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, Román Alcántar Alvídrez, afirmó que las manifestaciones en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales tienen un interés político-partidista, ya que ninguno de los señalamientos que hacen sus opositores está contemplado en dicho proyecto legislativo.
En conferencia de prensa, el funcionario federal negó categóricamente que la nueva legislación en materia hidráulica contemple la pérdida de los derechos o concesiones que actualmente tienen los productores agrícolas o pecuarios.
Asimismo, acusó a actores políticos opositores al Gobierno de México de engañar a la población y, en particular, a los usuarios del agua para uso agrícola, con supuestos artículos que afectarían sus intereses.
Cuestionado acerca del presunto favoritismo hacia familiares de funcionarios federales, rechazó categóricamente las acusaciones de tráfico de influencias dentro de la dependencia.
A ese respecto, señaló que detrás de los señalamientos existe una “guerra organizada” por parte de despachos privados que se oponen a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
“Es totalmente falso. Aquí no hay ningún tráfico de influencias en lo absoluto”, afirmó al ser cuestionado sobre presuntas denuncias ventiladas por la diputada federal Rocío González, del PAN.
Aseguró que, si existiera alguna queja o prueba, la dependencia está dispuesta a recibirla y turnarla a las instancias correspondientes.
El funcionario afirmó que los verdaderos productores “no tienen de qué preocuparse”, y que quienes se oponen a la reforma son los que lucran con el agua.
“Ellos son los que están preocupados porque se les va a acabar el negocio”, sostuvo.
Aseguró que los derechos de los usuarios están garantizados, tanto para heredar como para vender, siempre y cuando se realicen los trámites de forma legal ante Conagua.
Acusa a despachos de “desinformar” y lucrar con usuarios
Alcántar Alvídrez comentó que, desde que asumió el cargo, se detectaron prácticas de corrupción y la operación de un mercado negro de trámites alimentado por despachos que intermediaban entre usuarios y la Conagua.
“Dejamos de recibir intermediarios. Trabajamos directamente con los usuarios de los títulos de concesión”, explicó.
Según el funcionario, estos despachos impulsan foros y campañas de desinformación sobre la reforma, pues buscan atraer clientes para litigios o trámites que —insistió— en Conagua son completamente gratuitos.
“Aquí vienen tramitadores a gritarnos para que les recibamos reuniones. Nosotros no hacemos eso”, señaló.
Sin embargo, reconoció que el mercado negro del agua mediante el mal uso de permisos de uso de mantos y ríos es “muy grave”.
El directivo admitió que la entidad enfrenta un problema serio: la compraventa ilegal de volúmenes de agua, especialmente títulos agrícolas que después se usan para fines industriales o habitacionales.
“Anda como en 15 o 20 pesos el metro cúbico”, explicó.
Ejemplificó que la venta de 250 mil metros cúbicos puede representar alrededor de 5 millones de pesos por operación.
La Conagua ha detectado que muchas solicitudes de relocalización de pozos o transmisiones parciales esconden compraventas ilegales. Estimó que podrían existir entre 3 mil y 4 mil casos de este tipo.
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