Un amparo colectivo contra cobros abusivos por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), presentó el abogado Martín Aguilar Perón, en representación de un frente ciudadano creado con la intención de poner freno a esta situación.
Explicó que ayer, 18 de noviembre, se solicitó un amparo colectivo en los Juzgados de Distrito porque la JMAS hace cobros abusivos y al tanteo a sus usuarios.
Sin precisar una cifra, aseguró que son miles los afectados por esta situación.
En conferencia de prensa, acompañado de pastores y líderes vecinales, señaló que el amparo se presentó con 100 firmas, ya procedió de manera particular y que se dieron cuenta que estos cobros se hacen contra toda la población.
“Creo que son alrededor de 450 mil usuarios que han sido engañados, no solo en esta administración, sino en varias, porque se ha cobrado y se ha medido al tanteo el servicio del agua y alcantarillado. Nos han llamado de las colonias, pero no hemos podido ir por estar presentando los amparos”, declaró.
Asegura que buscaron un diálogo para revisar un caso particular que llevó el pastor Audón Quintero, por un usuario que tiene unas tapias en Anapra, donde no cuenta con servicio y le cobran 800 pesos por mes, pero no le dieron ninguna solución.
Comentó que para el cobro del servicio en Anapra, se hizo un convenio para que los usuarios paguen 190 pesos al mes porque el agua que reciben no es apta para consumo humano y, por tanto, solamente se debería cobrar el saneamiento, pero los cobros llegan hasta por 4 mil pesos mensuales.
Aguilar Perón dijo que estas acciones no tienen un fin político y que la finalidad del amparo es declarar inconstitucional la Ley del Agua del Estado de Chihuahua ya que no es competencia de las entidades federativas, por lo cual solicitan que se derogue.
“No estamos negándonos a pagar impuestos, pero debe haber una cuota fija de cobro y de metros, porque así lo establece la Organización Mundial de la Salud y los tratados internacionales. Son de 20 a 50 metros cúbicos que debe consumir una familia y no deben ser cobrados ni condicionados a un pago para tener el servicio de agua y saneamiento porque es un derecho humano y está prohibido clasificarlo como crédito fiscal”, aseguró.
También cuestionó los embargos de propiedades que carecen de medidor y del servicio de agua potable, por deudas que llegan a 170 o 180 mil pesos a pesar de que no tienen consumo, aparecen con lecturas de cero y con consumos de 490 metros cúbicos.
Citando la Constitución Política de México, aseguró que en ella se establece que los usuarios deben pagar una cuota fija por el servicio del agua.
Puso como ejemplo que en la Ciudad de México cobran 80 pesos mensuales por el servicio de agua potable; sin embargo, la página de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) indica que para el 2023, el cobro bimestral por consumo de hasta 20 metros cúbicos en la capital del país, se estableció en 587.13 pesos.
Citando palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el pastor Quintero dijo que Anapra es un ejido que comprende 25 mil hectáreas y, como tal, sus pobladores no están obligados a pagar la misma tarifa que se cobra en las zonas urbanas.
“Queremos que el señor Nevárez nos explique de dónde saca el dinero para la propaganda que tiene por toda la ciudad como candidato a una Presidencia Municipal y trata de desprestigiar este reclamo legal porque dice que nos está apoyando algún partido político, pero no es cierto”, remarcó el abogado.
Gabriel, residente en el fraccionamiento Palmas del Sol y quien acudió en representación de 32 colonias del suroriente, cuestionó el cobro que se hace en esa zona.
“Le hemos pedido programas de regularización porque desde el 2004, cuando estalló esta bronca de la violencia, el suroriente era una zona que por miedo la gente se iba de las casas. Además, la laguna de patos se inundó, toda esa zona quedó destruida y los más de 10 años que estuvo abandonado, están cobrando el servicio y es un error de ellos porque debió haberse cancelado, como lo marca su mismo contrato”, finalizó.
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