Carlos Omar Barranco | Norte Digital

Cuando entre febrero y marzo de 2016, hace diez años, Miroslava Breach Velducea publicó en el periódico Norte de Ciudad Juárez, Norte Digital y La Jornada cómo candidatos a alcaldías y jefes de policías municipales estaban siendo puestos por el narco, los líderes de una de las bandas delictivas implicadas, conocida como Los Salazar, reaccionaron con molestia.

Aquellas publicaciones terminarían desencadenando una decisión fatal.

José Crispín Salazar Zamorano, cabeza de la organización, ordenó que la periodista fuera asesinada. A partir de ese momento comenzó una doble operación: ejecutar el crimen y construir una historia que desviara las investigaciones.

Primero buscaron que la responsabilidad recayera en otro grupo criminal —el que lideraba Carlos Arturo Quintana, alias El 80— y después intentaron que las evidencias que lo incriminaban, encontradas por la Fiscalía, fueran desestimadas por los jueces.

Los abogados que defendieron a los cómplices de Salazar Zamorano, detenidos en los meses que siguieron al asesinato, primero quisieron argüir que las evidencias eran fruto de un árbol envenenado y debían ser desechadas por la forma como fueron recabadas.

Después recurrieron a testigos que mintieron frente al juez, con tal de exculpar a quienes habían ejecutado el homicidio y cuya relación con José Crispín era inocultable.

El origen: Chínipas y la narcopolítica

Toda la historia empezó en Chínipas, donde Los Salazar tenían su centro de operaciones y controlaban a la policía.

El comandante de la corporación era Martín Ramírez Medina, señalado en notas de la propia Miroslava por asesinatos y desapariciones que permanecían impunes.

Como 2016 era año de elecciones, pretendían imponer como próximo presidente municipal a Juan Miguel Salazar Ochoa, alias Juanito, sobrino del narcotraficante y entonces líder del grupo delictivo Adán Salazar Zamorano, también conocido como Don Adán, hermano de José Crispín.

Una versión apuntaba a que, como Juan Miguel Salazar Ochoa se había postulado bajo las siglas del PRI y el municipio era gobernado por el alcalde Hugo Amed Schultz Alcaraz, del PAN, la información de la postulación de Salazar Ochoa habría sido filtrada por el panista a la reportera.

En esa hipótesis, el PAN los habría traicionado en represalia a que ellos —Los Salazar— habían decidido apoyar al otro partido —el PRI— para ocupar la presidencia municipal.

Sin embargo, esa hipótesis resultó poco creíble cuando fue al propio Schultz Alcaraz a quien —de acuerdo con las constancias de la investigación— Los Salazar le encargaron que averiguara las fuentes de la periodista.

Schultz fue a la sede del PAN estatal y, como el presidente Mario Vázquez Robles —hoy senador— no estaba disponible por ser candidato a diputado plurinominal para la elección de ese año, lo atendió el secretario del partido, José Luévano Rodríguez.

Luévano le dio instrucciones al encargado de Comunicación del PAN estatal, Alfredo Piñera Guevara, para que llamara a la periodista y le preguntara quién le pasó la información.

La llamada que selló el destino

Después del asesinato del 23 de marzo de 2017, la grabación de esa llamada, hecha en la sede del partido, fue una de las primeras evidencias encontradas en una computadora portátil durante el cateo de una casa vinculada a El Larry y su hermanastro, Wilbert Jaziel Vega Villa, también ahijado de Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, hijo de Adán.

Piñera grabó la conversación telefónica donde Miroslava les dijo que ella no necesitaba que nadie le filtrara datos de Chínipas, porque de propia mano conocía la realidad del lugar.

Ese audio terminó en manos de Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien aceptó haberlo entregado a El Larry.

Con el audio en mano, El Larry se reunió con José Crispín Salazar Zamorano, hermano y sucesor de Adán, y después de oírlo contactó, a través de sus abogados, a su sobrino Jesús Alfredo Salazar, quien entonces estaba preso en un penal del Altiplano.

A pesar de que luego alegó que lo dijo bajo tortura, dos años después del crimen el hijo de José Crispín, Edgar Salazar Gaxiola, afirmó que después de escuchar la grabación su padre, en acuerdo con su tío Adán y su primo Jesús Alfredo, ordenó a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, asesinar a Miroslava.

Sobre la supuesta tortura, la Fiscalía presentó una versión diferente. Sí habían existido presiones, actos de intimidación e incluso tortura, pero por parte de los abogados del narco, para obligar al hijo del capo a exculparlo a él y a los otros implicados, incluido el propio Schultz Alcaraz.

Logística de un asesinato

La mañana del jueves 23 de marzo de 2017, un Malibú color gris salió de la colonia Villas del Rey rumbo al fraccionamiento Lomas Vallarta, en la ciudad de Chihuahua.

Al volante iba Wilbert Jaziel Vega Villa.

En el asiento del copiloto viajaba Ramón Andrés Zavala Corral, quien llevaba consigo una pistola calibre .38 tipo escuadra y una cartulina con una leyenda atribuyendo el hecho a un grupo delictivo contrario.

El montaje para desviar la investigación

El 18 de abril de 2017 fue encontrado muerto un hombre identificado como Gabriel Ochoa Cárdenas, en una casa de las calles Río Yaqui y Río Bravo, de la colonia Junta de los Ríos, en la ciudad de Chihuahua.

Junto a su cuerpo estaba la escuadra calibre .38 que usó Zavala Corral y una cartulina con un mensaje en el que se le atribuía, falsamente, la autoría del homicidio.

Dos sentencias condenatorias, pero el presunto autor intelectual sigue prófugo.

Era burda la estrategia de los asesinos tratando de desviar la atención de las investigaciones, pero la evidencia hallada en Villas del Rey y los testimonios recabados de las personas que vivían ahí pronto revelaron la verdadera trama.

El 19 de diciembre de 2017 apareció asesinado el pistolero Ramón Andrés Zavala Corral en Álamos, Sonora, y menos de una semana más tarde, el 25 de diciembre, en Etchojoa, también Sonora, fue detenido Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry.

El juicio y las primeras condenas

En un hecho que reforzó la acusación de que Miroslava fue asesinada por órdenes de José Crispín Salazar Zamorano, el 22 de enero de 2019 fue detenido Edgar Salazar Gaxiola, su hijo, quien para librar una condena mayor por extorsión dijo a la Fiscalía que su padre había ordenado el asesinato.

Un par de meses después del trato, el 18 de marzo de 2020, cinco días antes de cumplirse tres años del asesinato, El Larry fue declarado culpable.

El juicio oral duró 31 días y se escucharon más de 56 testimonios, la mayoría presentados por la Fiscalía y la asociación Propuesta Cívica.

La evidencia no dejó lugar a dudas para que el 21 de agosto de 2020 el juez Nelsson Pedraza Sotelo dictara una sentencia de 50 años de prisión.

Poco más de tres meses después, el 17 de diciembre de 2020, fue detenido Hugo Amed Schultz Alcaraz, el exalcalde panista de Chínipas, amigo de José Crispín, acusado de ser cómplice auxiliador en el asesinato de la periodista.

Se confirmó que Schultz entregó la grabación de la llamada de Breach a sus asesinos.

Dos años después, ya en libertad, el 8 de marzo de 2021, Salazar Gaxiola declaró eso mismo en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la avenida Universidad y Francisco Villa de la ciudad de Chihuahua.

El 15 de junio de 2021, Schultz fue sentenciado a ocho años y cuatro meses de prisión, seis meses después de haber sido detenido.

En una audiencia celebrada los días 6 y 7 de mayo de 2025, la defensa de Schultz intentó que la jueza aceptara su liberación anticipada por buena conducta.

Entonces se conoció que Edgar Salazar Gaxiola, ya en libertad y probablemente fuera del país, cambió su versión y negó que su padre hubiera ordenado el crimen e incluso exculpó a El Larry y a Schultz.

Más allá de que logró que una página de noticias publicara su versión, poniendo a Los Salazar como víctimas y a la Fiscalía y la familia de la periodista como supuestos torturadores, la sentencia de Schultz no fue modificada.

Lo hecho por Edgar fue muy parecido a la manera como, al inicio del juicio contra El Larry, el exalcalde del PRI puesto por Los Salazar, Jesús Ramón Quinto Agramón Varela, mintió sobre su paradero el día del asesinato.

Era la forma de actuar del grupo criminal tratando de evitar que su líder, José Crispín, fuera señalado por el crimen.

Como cuando con mensajes en cartulinas pretendieron confundir a la opinión pública, atribuyéndole la autoría al hoy desaparecido líder de La Línea, Carlos Arturo Quintana, alias El 80.

O como cuando le sembraron el arma homicida a un hombre en la colonia Junta de los Ríos, de la ciudad de Chihuahua.

La orden sigue sin castigo

Al cumplirse nueve años, siguen pendientes de ejecutarse las órdenes de aprehensión contra Salazar Zamorano, quien dio la orden, y contra Wilbert Jaziel Vega Villa, que llevó al pistolero en el Malibú gris hasta la casa de Miroslava.

De acuerdo con las leyes mexicanas, a ambos debe tratárseles como inocentes hasta que, a través de un proceso penal y en su caso el juicio correspondiente, se determine lo contrario.