A casi un año del descubrimiento de los 386 cuerpos al interior del crematorio Plenitud, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos dirigió una carta abierta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a diversas autoridades federales y estatales, denunciando omisiones, encubrimiento y corrupción institucional a lo largo de este lapso.
Afirmaron que durante este tiempo se ha perpetuado la impunidad en lo que describieron como uno de los casos más graves de fraude y violaciones a derechos humanos en la región.
En un documento compartido en redes sociales, titulado “Manifiesto por la Justicia y la Verdad”, el colectivo asegura que el hallazgo reveló una práctica sistemática en la que urnas falsas fueron entregadas a cientos de familias, afectando presuntamente a más de mil 500.
Los denunciantes acusaron a las instituciones de “silencio institucional y omisión deliberada” en lugar de una investigación contundente.
Entre los señalamientos más graves destaca la conducta de la Fiscalía Zona Norte, encabezada por Carlos Manuel Salas. Según el colectivo, esta dependencia conocía desde julio de 2025 que el crematorio entregaba cenizas de una sola persona a hasta cuatro familias distintas, pero optó por “callar y encubrir”.
Asimismo, criticaron que, hasta el momento, no se haya emitido ficha roja para la reaprehensión de José Luis A. C., único dueño del crematorio y prófugo de la justicia, ni se activaron protocolos de búsqueda y cooperación internacional.
El manifiesto también señala que la mayoría de las funerarias, acusadas de llevar cuerpos al crematorio Plenitud (Latinoamericana, Luz Divina, Protecto Deco, Milagros, Camino al Cielo, Funeraria Del Carmen, Monte de los Olivos y Paraíso) continúan operando sin mayores consecuencias.
Además, denunciaron a David Flores Carrete, titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, por no atender denuncias contra Michelle Rodarte López, quien actualmente es jueza penal y que presuntamente autorizó cremaciones ilegales de personas fallecidas en accidentes y hechos violentos, exigiendo dinero a funcionarios.
El colectivo pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir para garantizar justicia en este caso y que se deje “blindar a los poderosos”.
“La memoria no se negocia. La dignidad no se silencia. La justicia no se posterga”, enfatizaron las familias afectadas.
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