La continuidad y permanencia del proyecto independiente encabezado por Armando Cabada Alvídrez, presidente de Juárez, pende de un hilo.
La sanción que a más tardar surtirá efecto en junio próximo, por las irregularidades dictaminadas por el Congreso del Estado, podría ser tan benévola como despiadada.
El alcalde podría ser amonestado, suspendido o inhabilitado, dependiendo de la ley que le apliquen y la calificación de la irregularidad.
Uno de los escenarios del proceso podría dejar en manos de la Contraloría Municipal la decisión de aplicar la sanción que corresponda, en su caso al presidente municipal, quien es superior jerárquico del contralor Municipal.
Un escenario menos desfavorecedor para el proyecto independiente, es que la Auditoría Superior del Congreso del Estado, resuelva técnicamente la gravedad de las irregularidades.
Pero en este caso diputados de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado tendrían que dictaminarlo y el pleno aprobarlo, lo cuál delega en esta instancia la decisión final de la calificación de la sanción.
Tampoco es muy probable que el tema termine con una acción sancionadora ya que es del conocimiento público que los diputados locales, negocian los dictámenes de las cuentas públicas con fines electorales, partidistas y personales, lo cual quedó de manifiesto incluso en la actual legislatura, en la citada sesión del Congreso del Estado del 13 de diciembre de 2018.
El Congreso se perfila
NORTE Digital entrevistó al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, quien tiene en curso la instauración del procedimiento sancionador en contra de los representantes del ayuntamiento juarense.
Dicho procedimiento fue ordenado por el pleno del Congreso del Estado desde el 13 de diciembre de 2018 por el hallazgo de probables irregularidades en el manejo de la Cuenta Pública del 2017 del gobierno de Juárez.
El auditor explica que el escenario más probable es que el Congreso del Estado determine si los integrantes del Ayuntamiento juarense, con el presidente municipal Armando Cabada a la cabeza, incurrieron en faltas graves o no graves.
“Si las irregularidades son graves, el proceso se desahogará en una sala especial en el Tribunal de Justicia del Estado, pero si no son graves, a voluntad del Poder Legislativo, la determinación de la sanción recaerá en la Sindicatura o Contraloría Municipal que depende o recibe ordenes del presidente”, explica.
En junio vence el plazo
La moneda esta en el aire ya que en los próximos meses, con fecha de vencimiento a junio de 2019, el titular de la ASE tiene en sus manos la responsabilidad de encausar el proceso abierto en contra de los representantes de la primera administración sin partido del Ayuntamiento de Juárez, que se prepara para recibir la primera sanción por su probable responsabilidad en actos irregulares.
Las sanciones administrativas en contra de servidores públicos en el estado de Chihuahua, van desde la simple amonestación, multa económica, suspensión o inhabilitación del cargo conforme al nivel de gravedad de la conducta sancionada.
Avanza la resolución
El Congreso del Estado notificó a la ASE la resolución de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2017 del Gobierno del Municipio de Juárez, confirmando los hallazgos previos de la propia ASE.
Uno de los aspectos que en conjunto representa aparentes irregularidades, sobresale de la observación ya que involucra casi 50 millones de pesos.
Se trata de la contratación de los servicios a Intermedia de Juárez, S.A de C.V, Canal 44, cuyos socios y representantes son familiares en primer grado del presidente municipal Armando Cabada.
El pleno del Congreso de Chihuahua instruyó a la ASE para que determine las probables responsabilidades administrativas que puedan surgir. Actualmente analiza las posibles consecuencias legales.
Acosta Félix precisa que 2017 fue un año con particularidades diferentes a otros, porque entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con aplicación municipal, estatal y federal, al mismo tiempo que la Ley local en la materia se encuontraba vigente.
Eligen entre las dos leyes la más viable
En estos momentos la ASE dilucida cual de las dos leyes es la más viable, lo cual determinará el procedimiento que aplicará para las cuentas de los entes públicos que resultaron con observaciones, no sólo la de Juárez.
Acosta comenta que ve factible la implementación del proceso contemplado por la legislación local.
Los resultados de las conclusiones de la ASE, serán enviados al Congreso donde determinarán las probables responsabilidades en contra de los integrantes del Ayuntamiento, ya sean los regidores, el presidente municipal o la sindicatura.
Los diputados de la Comisión Jurisdiccional son quienes emitirán un dictamen que después votará el pleno del Congreso para su formalización.
Si el auditor aplica el proceso sancionador con base a la Ley General, lo cual es menos probable, y califica la responsabilidad como no grave, la medida será resuelta por el órgano de control interno del Gobierno del Municipio de Juárez, lo cual podría recaer en la Contraloría Municipal o en la Sindicatura.
En caso de que suceda lo contrario, de admitirse que la Sindicatura es el órgano de control interno del Ayuntamiento juarense, la síndica Leticia Ortega Máynez sería la encargada de emitir la sanción.
Si el auditor califica como grave la conducta de los miembros del Ayuntamiento, le dará curso ante el Tribunal de Justicia Administrativa que no ha sido creado, pero por transitorios en la leyes en proceso de vigencia, conocerá del caso una sala especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que emita una sentencia.
Los enfoques y propuestas de sanción para este caso de Juárez y para el resto de los entes públicos, estarán concluidos en junio de este año, lo que anteriormente la ASE tardaba un año en resolver.
Cualquiera que sea el órgano que se hará cargo de aplicar la sanción en contra de los miembros del Ayuntamiento juarense, el o los imputados pueden presentar pruebas para defenderse de una probable no responsabilidad.
Pudo ser diferente
Acosta Félix confirmó que si en estos momentos tuviera vigencia la nueva Ley de Fiscalización del Estado, la cual ha sido pospuesta en el Congreso del Estado – sin una justificación más que la ausencia de los diputados a los trabajos de las comisiones -, en el auditor recaería la decisión de calificar la sanción como grave o no grave, la cual continúa estando en manos de los diputados.
En estos momentos existe una controversia constitucional interpuesta por la administración del Municipio de Juárez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a en quién recae la representación del órgano de control interno del Ayuntamiento; lo cual significa que existe un vacío legal, como lo explicó el propio Acosta.
De lo anterior se desprende que en caso de que los tribunales reconozcan el reclamo del Ayuntamiento de Juárez, la Contraloría Municipal que recibe órdenes del presidente, sería quien impondría la sanción.
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