Tras el cierre parcial del Gobierno en los Estados Unidos, los migrantes que intentan cruzar de manera irregular deben afrontar mayores riesgos, indicó Dirvin Luis García Gutiérrez, jefe del Departamento de Atención a Migrantes del Consejo Estatal de Población (Coespo).
Explicó el funcionario estatal que, a pesar del cierre, las condiciones siguen siendo las mismas debido a que Estados Unidos declaró su zona fronteriza con México como un área militar, motivo por el cual el peligro de cruce irregular continua siendo de alto riesgo para los migrantes.
“Esta es una estrategia para disuadir los ingresos irregulares. Físicamente vemos que hay presencia permanente, tanto de la Guardia Nacional como de agentes estatales, no solamente se limita a las policías, en este caso la Border Patrol, sino que hay otras agencias tanto estatales como federales resguardando las fronteras con intervención militar”, aseguró.
Agregó que el mal menor sería que los migrantes enfrenten cargos delictivos, además de todos los otros riesgos que podrían poner sus vidas en peligro.
Estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), muestran una notoria disminución en el arresto de migrantes. En todo el año fiscal 2024 se registraron un millón 577 mil 319 encuentro y hasta agosto de 2025 la cifra era de 244 mil 14.
En el sector de El Paso, en el año fiscal 2024 se registraron más de 260 mil encuentros de la Patrulla Fronteriza y en el 2025 bajó a 45 mil, que es menos de la quinta parte.
“Vemos que las estrategias de disuasión han funcionado porque ha habido un decremento importante”, remarcó García.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos implica que se detiene la asignación de recursos económicos federales, por lo que se deja de pagar a sus agencias y empleados, que implica suspender las actividades no esenciales.
Esto ocurre porque el Congreso no ha llegado a un acuerdo para aprobar el presupuesto federal u otorgar una extensión temporal; sin ese convenio, cuando se agotan los recursos ya presupuestados, las dependencias federales están obligadas por ley a detener sus operaciones no esenciales.
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