Las instituciones tanto de los Gobiernos, como las universidades y otros espacios públicos, están obligados a tener cero tolerancia cuando se cometen prácticas de discriminación y violencia por motivo de género, concluyeron académicas de la UACJ y El Colef, quienes participaron en el foro Estrategias sororidarias para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el Municipio de Juárez.
Con este evento, la Comisión de las Mujeres del Ayuntamiento juarense, integrada por las regidoras Martha Patricia Mendoza Rodríguez (Morena), Sandra Marbel Valenzuela Martínez (PT) y Gloria Mirazo de la Rosa (MC), concluyeron los eventos para conmemorar el 25N, instituido a nivel mundial por la ONU desde 1999.

Las investigadoras Patricia Hernández Hernández (UACJ) y Rosa Isabel Medina Parra (Colef), presentaron sus ponencia ante una audiencia que se presentó en la Sala Francisco Villarreal Torres del IMIP, compuesta por funcionarios del Municipio y organismos públicos de derechos humanos.
Las ponencias que se presentaron coincidieron en que en estos momentos, el tema de género en las instituciones es una obligación, no una concesión.
También coincidieron en que estas mismas instituciones están obligadas a avanzar en la transversalidad en todas las políticas públicas que implementan.
Hernández recordó que es importante que desde el interior de las instituciones continúen revisando las normas y prácticas para contar con espacios seguros y dignos para las mujeres y niñas.
Puso énfasis en la resistencia de las instituciones para generar y acompañar los cambios planteados.
Expuso que tal resitencia para los que tienen que juzgar con perspectiva de género, en una supuesta neutralidad, se considera más que nada una ceguera de género.
También señaló que en las instituciones puede haber problemas relacionados con la ceguera de género, ya que se asume que juzgan con perspectiva de género, pero lo que hacen es juzgar de manera sesgada.
La investigadora del Colef dijo que es muy importante que la impartición de justicia se base en una visión libre de prejuicios de género y expuso una metodología para juzgar la justicia desde una perspectiva de género.
Explicó que los estudios que llevó a cabo, identificaron cuáles son los desafíos para los operadores jurídicos, a fin de que estos incorporen la perspectiva de género en sus resoluciones judiciales, ya que originalmente se aseguraba y aceptaba que la norma jurídica era neutral pero no es así.
Dijo que este cambio de visión implica que se reconozcan situaciones de desigualdad de género, clase, etnia, edad y lugar de procedencia.


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