Desconfianza en el trabajo de las funerarias y de los servicios de cremación, un proceso legal contra un prófugo de la justicia, ningún cambio legislativo para impedir que la situación se repita y el pago de indemnizaciones a los deudos son algunas de las situaciones que persisten a un año del hallazgo de 386 cuerpos apilados en el crematorio Plenitud.
Durante meses, esos restos, que habían sido enviados para cremación, se fueron acumulando en el establecimiento, pero a la fecha no existe una explicación satisfactoria que permita saber qué fue lo que realmente ocurrió en este sitio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.
¿Dónde estuvieron las fallas que pudieron haber generado toda esta situación? Marcelo Ruiz Cantú, presidente de la Asociación de Funerarias de Ciudad Juárez, considera que, esencialmente, tuvieron que ver con el desconocimiento de lo que ocurría al interior del crematorio.
“Cuando nos preguntan por qué no nos dimos cuenta, yo siempre les pongo el ejemplo de cuando voy a un restaurante y quiero entrar a la cocina: ni siquiera te lo van a permitir. Son las dependencias que otorgan los permisos las que deben verificar que el crematorio cumpla y, en ese sentido, hubo una falta de vigilancia, un abuso de confianza con respecto al servicio que ofrecía este crematorio y una falta de seguimiento. Fue un sistema que se quebró casi en todos los términos de revisión que tuvimos que haber hecho”, declara.
Asegura que durante estos 12 meses las empresas funerarias han sido objeto de desconfianza e incertidumbre respecto al trabajo que realizan. Se entablaron demandas tanto de las familias hacia estos negocios como de estos contra el crematorio que ocultó los cuerpos. Hubo un constante ir y venir de asuntos legales durante todo este tiempo.
Desde la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), organismo encargado de la regulación de los crematorios, se asegura que, tras los hechos, “se mantiene una estrategia permanente de vigilancia, acompañamiento y fortalecimiento regulatorio al sector funerario en el estado de Chihuahua, con acciones enfocadas en la protección de la salud pública y el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente”.
Durante 2025 se llevó a cabo un operativo estatal de revisión dirigido a cada funeraria y crematorio en funcionamiento para verificar condiciones sanitarias, documentación regulatoria, procesos de operación y cumplimiento de la legislación aplicable.
Asimismo, Coespris indica que durante el primer semestre de 2026 se realizaron revisiones sanitarias a los 55 establecimientos ubicados en Ciudad Juárez y a 90 más en el resto del estado, con el objetivo de fortalecer el seguimiento y la vigilancia permanente del sector.
Cambios en la identificación de los cuerpos
Carlos Ortiz Villegas, representante de la gubernatura en la Zona Norte, dio a conocer que actualmente las autoridades realizan una revisión de los protocolos para determinar si funcionarios estatales tuvieron algún tipo de intervención u omisión en este caso.
“No es exclusivo del Estado; es un tema que se está revisando en los distintos niveles y, obviamente, queremos que no vuelva a suceder un asunto de esta naturaleza, tan lamentable y tan grave”, dice.
Asegura que esos protocolos se están elaborando ahora porque no existían cuando ocurrieron los hechos y se pretende solicitar al Congreso adecuaciones legislativas para evitar, en la medida de lo posible, que vuelva a registrarse una situación similar.
Por su parte, Ruiz Cantú, propietario de Memorial Recinto Funerario y presidente de la asociación que agrupa a 22 de las 27 funerarias existentes en la ciudad, señala que hay ocho crematorios en Juárez y que el proceso de entrega e identificación de los cuerpos cambió desde el hallazgo del llamado “crematorio del horror”.
“Cuando una persona decide que un ser querido va a ser cremado, la funeraria es la responsable de darle seguimiento a ese cuerpo, llevarlo al crematorio e identificarlo correctamente. Por su parte, el crematorio debe verificar que las identificaciones coincidan, realizar el proceso de cremación y entregar las cenizas a la funeraria para que esta las haga llegar a los deudos”, resume.
Tras darse a conocer la acumulación de cuerpos en Plenitud, muchos deudos denunciaron que, en lugar de cenizas humanas, recibieron tierra, piedras e incluso cenizas vegetales.
Sobre este punto, el presidente de las funerarias asegura que “las versiones al respecto no han sido perfectamente fundamentadas. Tenemos información de que dijeron que no eran cenizas humanas, pero yo no puedo asegurar eso. Lo que sí puedo decir es que no coincidían o no eran las cenizas de las personas que ellos estaban declarando”.
Asimismo, sostiene que las funerarias no tienen la capacidad, el conocimiento ni las herramientas para determinar si las cenizas corresponden a una persona específica. Esa responsabilidad, afirma, recae en el crematorio.
Antes de Plenitud, los cuerpos que se entregaban para cremación se identificaban únicamente con una pulsera hospitalaria. Ese procedimiento cambió y actualmente todas las funerarias utilizan mecanismos estandarizados de identificación. Hoy se coloca una identificación en un muslo, otra en una mano y una más en el pecho; además, algunas utilizan una placa metálica que se incinera junto con el cuerpo.
“En este último año el procedimiento cambió radicalmente. Antes los crematorios recogían el cuerpo; ahora es la funeraria la que debe llevarlo hasta el crematorio para obligar a su personal a ver el entorno y verificar que efectivamente se está recibiendo el cuerpo. Las identificaciones fueron estandarizadas. También se accedió a que se tome una fotografía del cadáver, algo que antes la ley no permitía. Esa fotografía se conserva en un sistema durante cinco años”, explica.
Asimismo, se abrió la posibilidad para que los familiares del difunto presencien el momento en que el cuerpo ingresa al proceso de cremación y puedan verificar que se trata de su ser querido. Este cambio generó un incremento de hasta 300 por ciento en el número de familias que optan por acompañar el procedimiento.
Por ello, actualmente siete de cada diez personas deciden estar presentes cuando se realiza la cremación. Aunque no pueden ingresar hasta las bocas de los hornos, sí pueden constatar que el cuerpo llegó al lugar y verificar que las instalaciones presentan condiciones adecuadas, lo que incrementa la confianza.
Sin embargo, Memorial, la empresa de su propiedad, no permite que los familiares lleguen hasta la boca del crematorio porque, afirma, ello puede provocar un daño emocional importante.
“Tú puedes no sentirlo y decir que quieres estar seguro, pero eso, contra el daño que te va a hacer, es mayúsculo. Tu ser querido ya terminó, pero tú vas a continuar. Presenciar el momento exacto antes de que tu ser querido desaparezca en términos materiales y solo queden los restos óseos es un impacto muy importante que no ayuda a continuar el proceso de duelo”, afirma Ruiz Cantú.
Ahora, cada contrato obliga a que la funeraria verifique que el crematorio cuente con sus permisos de funcionamiento, disponga de un lugar adecuado para resguardar los cuerpos y explique claramente la forma en que opera.
Explica que el tiempo de cremación depende de la densidad ósea del cuerpo y dura aproximadamente dos horas. Después de nueve horas, las cenizas ya deberían encontrarse en la funeraria para ser entregadas a los deudos, por lo que el proceso debe estar diseñado para completarse el mismo día. Si eso no ocurre, advierte, existe una señal de alerta.
La ley establece que en un plazo de 48 horas debe definirse el destino del cuerpo y generarse la documentación correspondiente. Cuando existe una sobrecarga de trabajo, el crematorio debe informarlo y abstenerse de recibir más cuerpos para que la funeraria busque alternativas. En el caso de Plenitud, eso nunca ocurrió.
Ahora, asegura el empresario, en los crematorios operados por integrantes de la Asociación de Funerarias de Ciudad Juárez no existe ninguno que mantenga cuerpos pendientes hasta el día siguiente. Aclara que en la ciudad había crematorios que ya operaban bajo ese esquema antes del caso Plenitud y que nunca estuvieron involucrados en irregularidades de este tipo.
¿Qué pasó con Plenitud?
“Es una excelente pregunta, pero a la fecha no hay una respuesta. Hemos analizado, revisado y tratado de entender qué sucedió y todavía no llegamos a una conclusión. En términos generales, no tiene tintes de que haya sido un asunto financiero; operativo tampoco, porque fue demasiada la carga que dejaron de atender. Tampoco parece explicarse por los cambios que tuvo el crematorio tras la muerte de quien era inicialmente el propietario. El problema era gigantesco, comparado con cualquier beneficio que se hubiera buscado. No tiene razón de ser. No sabemos por qué sucedió”, responde el presidente de los funerarios.
Sin embargo, asegura que los activistas continúan señalando a las funerarias como responsables.
“Desde la primera rueda de prensa que ofrecí hemos mantenido nuestra posición: no era tan importante si éramos o no cómplices; lo importante era que había afuera casi 400 familias que iban a revivir su duelo y enfrentarse nuevamente a esta situación”, sostiene Ruiz Cantú.
Desde el primer momento, afirma, las funerarias dieron la cara, negociaron con las familias y buscaron reparar el daño causado. Hasta ahora, agrega, todas las funerarias afiliadas han participado en al menos 60 procesos judiciales, compensando a las familias por un servicio que el crematorio nunca cumplió.
Explica que hubo tres actores involucrados en este caso: el crematorio, las funerarias y las autoridades. De esos tres, sostiene, las funerarias han sido las únicas que han asumido consecuencias económicas directas.
“En el caso de los responsables de Plenitud, uno está prófugo y otro ya falleció. Tampoco hemos visto que se haya aplicado alguna corrección directa a las dependencias involucradas. Mientras tanto, nosotros hemos enfrentado 60 denuncias y hemos pagado ya millones de pesos a las familias que confiaron en nosotros. Esa seguirá siendo nuestra postura hasta que la última familia haya sido atendida”, asegura Ruiz Cantú.
Ortiz Villegas, por su parte, confirma que “la Fiscalía, en su momento, dio con los responsables, consignó al dueño del crematorio y logró su vinculación a proceso; sin embargo, un juez federal lo liberó mediante un amparo. La FGE solicitó una nueva revisión y se determinó darle la razón a la Fiscalía, por lo que se emitió una nueva orden de aprehensión. Ahora se busca obtener una ficha roja de Interpol para localizar al propietario del crematorio”.
Sobre las demandas presentadas por los deudos, Ruiz Cantú explica que el Código Penal encuadró los hechos como un posible fraude y que, por ello, las funerarias se han reunido con cada familia para revisar los compromisos adquiridos y determinar en qué hubo incumplimientos.
“Hemos estado resarciendo el daño, uno por uno”, señala.
La cremación sigue siendo la alternativa
Tras el hallazgo de los 386 cuerpos al interior del crematorio Plenitud, el porcentaje de cremaciones en la ciudad cayó de 42 a 29 por ciento.
“Nosotros estábamos en 29 por ciento antes de la pandemia. Llegó la pandemia y nos dejó muchas lecciones; el porcentaje se elevó hasta 57 por ciento. Después bajó a entre 35 y 40 por ciento. Llegó Plenitud y volvió a caer entre siete y diez puntos porcentuales; es decir, regresamos al nivel previo a la pandemia. Pero conforme han pasado los meses, la tendencia se ha recuperado y hoy estamos nuevamente en 42 por ciento”, resume el presidente de la Asociación de Funerarias.
Asimismo, confirma que la mayoría de las familias a las que les fueron restituidos e identificados los restos de sus seres queridos volvió a optar por la cremación, porque esa había sido su decisión original.
Las modificaciones en las funerarias
“De manera complementaria, Coespris sostuvo reuniones de trabajo con las asociaciones de funerarios de Ciudad Juárez y Chihuahua, espacios en los que se desarrollaron actividades de fomento sanitario orientadas a fortalecer el conocimiento y cumplimiento de la normativa de salud vigente.
Durante estos encuentros se abordaron temas relacionados con obligaciones regulatorias, requisitos sanitarios y buenas prácticas para la prestación segura de servicios”, informó la dependencia estatal mediante un comunicado.
Así lo confirma Ruiz Cantú, quien asegura que desde que se detectó este caso la Asociación ha trabajado de manera continua y coordinada con Desarrollo Urbano y Coespris para modificar procedimientos, y agradece la apertura institucional mostrada.
Según explica, el primer cambio fue comprender que la contratación de proveedores de cremación exige una supervisión mucho más estricta y que no puede dejarse ningún cabo suelto.
“El segundo cambio es abrirnos lo más posible para que las familias se sientan seguras con lo que estamos haciendo. Es muy difícil decirle a alguien que puede tener certeza absoluta de que todo está ocurriendo correctamente”, agrega.
El tercer cambio, asegura, es el más importante:
“La única forma que encontramos para resolver esta situación y recuperar la confianza de la gente es que trabajemos autoridades y funerarias de manera coordinada. Ya nos dimos cuenta de que, entre los perpetradores, quienes administran y las dependencias gubernamentales, no hubo una sola parte que no tuviera una falla importante en este asunto”.
Actualmente, la investigación continúa. No todos los cuerpos han sido identificados, un proceso que avanza lentamente debido a las condiciones en las que se encontraban muchos de los cadáveres.
“Ha sido un camino largo. Es una de las heridas más profundas que ha tenido Ciudad Juárez y la responsabilidad que nos mantiene de pie es precisamente esa: recordar a quién servimos. Hasta que la última familia haya sido atendida y haya sentido que se le hizo justicia, la Asociación seguirá enfrentando esta situación. Lo demás son cosas que ya no están bajo nuestro control”, concluye el presidente del gremio funerario fronterizo.
