MaUna jueza federal dictó auto de formal prisión en contra de ocho militares en activo del 27 Batallón de Infantería, quienes se entregaron el 21 de junio, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.
El subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo en su cuenta de Twitter que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los uniformados quienes permanecerán en la prisión del Campo Militar Número 1-A, mientras se lleva a cabo el juicio.
Esto luego que la jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte, giró 17 órdenes de aprehensión contra militares y un civil por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) que el año pasado se había desistido.
La defensa legal de los militares dijo que el auto de formal prisión decretado carece de sustento legal, pues fue a modo, más con tintes políticos que legales, “dejando evidencia que dicho juzgado se encuentra contaminado y trabajando intereses particulares.
“Esta defensa combatirá por todos los medios legales el infundado e ilegal auto de formal prisión dictado el día de hoy, que se instruye en contra de 8 miembros de las Fuerzas Armadas de México. Y, como se hizo valer en audiencia, son inocentes del delito que se les imputa», declaró la defensa.
Los militares detenidos fueron identificados como: Sargento 2º, Roberto “N”; Cabo de Infantería, Uri “N”; Sargento 2º de Infantería, Ramiro “N”; Sargento 2º, Juan Andrés “N”; Subteniente, Omar “N”; Cabo de Infantería, Eloy “N”; sargento 1º, Gustavo “N” y Cabo de Infantería, Andrés “N”.
Además, un juez dictó prisión preventiva justificada a Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe antisecuestros de la extinta SEIDO. El exservidor público es señalado por probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y colusión de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas en el caso Ayotzinapa y permanecerá en el Reclusorio Sur.
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