Este lunes 28 de septiembre termina el plazo para que se pongan al corriente 680 concesiones que según la dirección de Transporte “tenían al menos 3 años sin trabajar”.
Desde el 4 de septiembre del presente año fueron puestas en una “lista negra” con nombres y apellidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) en un folleto anexo del Periódico Oficial del Estado denominado “Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua”.
En el documento firmado por el titular de SDUE, Luis Felipe Siqueiros Falomir y por el secretario de Gobierno Luis Fernando Mesta Soulé, se advierte que los concesionarios en cuestión “suspendieron o abandonaron el servicio”.
Hubo omisión en “reportes de pagos de derechos y obligaciones”, añade.
Una vez publicado el documento -que hizo las veces de notificación oficial, debido a la pandemia- los titulares de las concesiones o permisos debieron comparecer por escrito ante la oficina de la Dirección de Transporte en un plazo de quince días hábiles que precisamente se cumple este lunes.
Lo anterior, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, ofrecieran pruebas o “rindieran alegatos”.
Sin embargo, en testimonios recabados por Norte Digital la semana pasada, concesionarios reclamaron que desde que se publicó el decreto el 4 de septiembre, el sistema de cómputo en las oficinas de Transporte no permitió el acceso a sus expedientes electrónicos para poder “ofrecer pruebas o rendir alegatos”.
Mucho menos regularizarse.
Cuestionado al respecto el director de Transporte David Holguín dijo que las oficinas sí habían estado abiertas para trámites, excepto en los casos que la irregularidad o atraso fuera tal que el mismo sistema no permitiera hacer modificaciones.
Algunos transportistas consultados dijeron que estaban analizando la posibilidad de interponer amparos en contra de la medida gubernamental, pero al cierre de este análisis la decisión no estaba confirmada.
En el fondo del problema está la determinación del gobierno estatal a través de SDUE de cambiar el sistema de rutas de Ciudad Juárez por el de un transporte semi masivo con carril confinado conocido como Autobuses de Tránsito Rápido (BRT por sus siglas en inglés).
La justificación para el cambio fue el estado de los camiones de las diferentes rutas de transporte urbano que todavía hoy existen en la ciudad, la mayoría de modelos atrasados y altamente contaminantes.
Transportistas y activistas sociales que han manifestado su rechazo al BRT, reprochan sin embargo que el gobierno tomó una decisión arbitraria.
Con la mitad de los recursos que están invirtiendo -afirman especialistas como Ricardo Melgoza de la UACJ o Sergio Rueda del Observatorio Binacional- pudieron haberse adquirido unidades nuevas para reemplazar las mil cien que actualmente circulan en la ciudad.
Es el caso de la empresa Integradora de Transporte (INTRA) que administra la ruta troncal 1 del antiguo Vive Bus y que por fallas de fabricación en los camiones Dina adquiridos en 2016, no pudo renovar su flotilla de 61 camiones.
Si el gobierno les hubiera apoyado permitiéndoles incrementar la tarifa a 10 pesos hace cuatro o cinco años, ellos habrían podido comprar autobuses nuevos, dijo en una conversación con Norte Digital su director Raúl Rodríguez.
No obstante, si tal aumento se hubiera autorizado en el Vive Bus (ahora bautizado como Ecobus y que en pocos meses se ungirá de nuevo como Bravo Bus) el resto de las rutas que circulan por la ciudad habrían reclamado el derecho a cobrar la misma tarifa.
¿Qué se habría requerido para evitar la afectación a la economía de miles de personas que utilizan el transporte urbano todos los días con un aumento generalizado del pasaje?
Que antes de autorizar un incremento del costo del pasaje a otras rutas, se le exigiera a los concesionarios adquirir unidades nuevas, acción que INTRA sí llevó cabo pero al final no le valió de nada, refirió Rodríguez, porque las unidades DINA terminaron por atrofiarse y -como dice el dicho- le salió “más caro el caldo que las albóndigas”.
De acuerdo con Andrés Carbajal Casas, ex titular de Obras Públicas en la frontera y experto en vialidades e ingeniería civil, esa ha sido la manzana de la discordia en Juárez desde que la industria maquiladora introdujo autobuses viejos para mover a su personal hace varias décadas.
Hoy se desconocen las razones de que 680 concesiones estén suspendidas o hayan abandonado el servicio a los usuarios, como dice el periódico oficial.
Lo que sí se sabe es que hay sitios en la ciudad que han sido acaparados por el servicio de UBER o de taxis piratas, ante la falta de respuesta del gobierno y de los transportistas a la necesidad de movilidad de la gente más rezagada económicamente que vive en la desdeñada periferia juarense.
La crisis ha sido generada por concesionarios que no dan servicio adecuado y autoridades estatales blandengues, permisivas u omisas, o todas estas características juntas.
El titular de SDUE Luis Felipe Siqueiros no ha informado a quiénes le va a dar el gobierno las concesiones que operarán las rutas pretroncales y alimentadoras que dirigirán a los usuarios a las dos troncales que están en proceso, una de supuesta modernización y la otra en acelerada construcción.
Tampoco ha quedado claro si van a repetir o no los errores de movilidad que cometieron en el bulevar Zaragoza y el Eje Vial Juan Gabriel, tanto en la presumida modernización que realizan en éstos, como en la nueva obra que ya está rompiendo asfalto “por meritito enmedio” del Paseo Triunfo de la República y la avenida Tecnológico.
El compromiso del gobierno es dar un servicio de transporte eficiente y digno, con la obligación superior de hacerlo con total transparencia y garantizando que no estarán únicamente “cambiando de cuates” en la redistribución de concesiones del transporte urbano de la frontera.
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