Un ahorro de hasta 50 mil millones de pesos es lo que tiene previsto ahorrar el gobierno de la república con la cancelación de casi todos los fideicomisos, de acuerdo a cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata de uno de los cien compromisos presentados a la nación al inicio de su gobierno por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien reveló este lunes que Hacienda va a recoger “alrededor de 50 mil millones de pesos que se manejaban sin control, al margen”.
Actualmente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se alista para aprobar la extinción de la mayoría de los 374 fideicomisos públicos a nivel federal.
El presidente aseguró que “se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
En el caso de Chihuahua, existen alrededor de 30 fideicomisos públicos, la mitad de ellos auditabes.
En febrero de 2018, Norte de Juárez llevó a cabo una investigación para dar a conocer que en la última década se habían entregado al menos 4 mil 134 millones de pesos de recursos públicos a fideicomisos como Fechac, Ficosec, el de los Puentes Internacionales y el del Centro de Convenciones, en medio de frecuentes señalamientos de opacidad y escasa comprobación del costo-beneficio así como de la veracidad de los objetivos alcanzados por dichos entes.
Entre 2008 y 2018 la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo auditorías a cada uno de los fideicomisos señalados encontrando distintas irregularidades, poniendo énfasis en el caso del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), en el cual fueron documentados gastos por 144 millones de pesos sin justificar tan solo en el año 2015, por poner un ejemplo.
No obstante las decenas irregularidades presentadas a través de los años, jamás fueron presentadas denuncias por posibles delitos administrativos y o de tipo penal por desvío de recursos de algunos de los integrantes de los fideicomisos quienes crearon asociaciones civiles para favorecerse, sin embargo el pleno del Congreso y su Comisión de Fiscalización “limpiaron expedientes” al aprobar las cuentas evitando fincar responsabilidades.
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