Familiares de víctimas del crematorio Plenitud pueden acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir que se investigue a funcionarios locales en caso de que autoridades de Chihuahua omitan hacerlo, explicó la especialista en Derechos Humanos, Olivia Aguirre Bonilla.
Aunque aseveró que sería una opción lejana físicamente y que llevaría mucho tiempo de trabajo, los deudos podrían comenzar el proceso para que la Corte obligue al Estado Mexicano a investigar a aquellas personas que puedan resultar responsables, en caso de que no lo haga la FGE.
Hay antecedentes positivos de este tipo de juicios que ha beneficiado a la ciudadanía, como el caso del Arroyo del Navajo, otra tragedia de esta frontera en la que las madres lograron que se obligara a investigar a funcionarios y que se hiciera el acto de reconocimiento público, dijo.
Aguirre Bonilla agregó que este caso también deja entrever la necesidad de que haya una mayor regulación por parte de las empresas encargadas de la dignidad postmortem de las personas.
Enfatizó que no hay un documento que especifiqué, de manera clara, como debe operar este tipo de lugares y cuales deben ser los lineamientos sanitarios que deben de cumplir.
Asimismo, se vislumbra la falta de interés por parte de las autoridades, especialmente de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), ya que más allá de la tragedia social, lo encontrado en el crematorio pudo haber significado un daño sanitario inimaginable que puso en riesgo la salud de la población de esta zona de la ciudad.
Además, resaltó que es un grave problema el hecho de que, al menos legalmente, las funerarias involucradas, así como el crematorio, cumplieron en todo momento con los documentos que les permitían operar de manera legal, por lo que hace muy complicado que se les puedan imponer sanciones administrativas.
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