El conflicto en el Cereso Estatal número 3 habría derivó de supuestos roces entre internos y autoridades penitenciarias, donde se incluyó un cambio de comandante de custodios.
De acuerdo con personas cercanas a la operación del penal localizado sobre la calle Barranco Azul en la colonia Toribio Ortega, el problema se agravó el pasado domingo 15 de junio, cuando se celebraba la fiesta por el Día del Padre, día en que decenas de familias visitaron las instalaciones.
Según las fuentes extraoficiales, las personas privadas de la libertad (ppl) del Módulo 1, es decir que pertenecen a la Pandilla Doble AA, llevaron un mariachi que amenizaba la estancia, sin embargo, la fiesta se extendió más de lo previsto y ahí empezaron las inconformidades.
Se indicó que las familias debieron abandonar el penal a las 2:00 de la tarde, pero eran las 6:00 y aún no se iban, por decisión de los propios internos.
Según la versión, el comandante de custodios de apellidos Gil Solís, envió a “su segundo” a darles el aviso de que ya detuvieran el festejo, pero aparentemente no les gustó la forma en que se los dijo y “se hicieron de palabras”.
Habría llegado el propio comandante a terminar la fiesta, lo cual propició aún más las inconformidades.
Se mencionó que el miércoles siguiente removieron al comandante y nombraron a otro de apellido Leyva, pero aparentemente el cambio no satisfizo a los de la Doble AA y eso habría motivado que iniciaran las protestas desde la noche del pasado 22 de junio.
La versión oficial es que la pandilla Doble AA no quería tener en sus celdas a uno de los internos considerado como traidor y por eso protestaron.
Durante la mañana de este lunes, se indicó desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) que para controlar el penal, ingresaron 200 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la propia corporación, para apoyar al personal de custodia penitenciaria.
“Estos operativos de revisión forman parte del trabajo ordinario de inspección en áreas comunes y celdas en todo el sistema penitenciario, con el objetivo de evitar la presencia de objetos prohibidos y reducir riesgos tanto para el personal de custodia como para las personas privadas de la libertad (PPL)”, detalló la dependencia.
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