El Cabildo aprobó la mañana de este miércoles la Ley de Ingresos del Municipio 2024 con una estimación de 8 mil 730 millones de pesos de recaudación para el próximo año.
El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo que el impuesto predial subirá los mismos que el porcentaje de la inflación que se calcula hasta cinco por ciento para el próximo año.
El pleno del Ayuntamiento juarense acordó algunos cambios que resultaron muy importantes, como los que impulsó la regidora Austria Galindo Rodríguez (PAN).
En una primera ronda, el cuerpo colegiado decidió la aprobación de la Ley en lo general.
Tras los cambios aprobados, los juarenses aportarán 3 mil 381 millones de pesos a las arcas públicas, lo que representa 175 millones de pesos más que el 2023.
La Ley aprobada por el Ayuntamiento prevé una recaudación de 8 mil 730 millones de pesos con la nueva Ley del 2024, mientras que con la de este año, esperan cerrar 8 mil 422 millones de pesos de ingresos.
La perspectiva es que el próximo año los juarenses pagaremos a la Hacienda Municipal 3 mil 381 millones de pesos, producto de ingresos propios de la ciudad; mientras que a través del rubro de las participaciones, principalmente provenientes del Gobierno Federal, se sumarán otros 5 mil 349 millones de pesos.
Resalta una nueva disposición, como es el cobro de una contribución extraordinaria, la cual grava a los predios que se encuentran fuera de la mancha urbana y cementerios.
Propusieron que esta medida que busca la compactación de la ciudad, y también impacta a las propiedades que cuentan con la autorización del Municipio para la construcción de fraccionamientos pero tienen dos o mas años sin desarrollarse.
Para abajo, los incrementos en materia de Desarrollo Urbano
En lo particular, cuando se discutieron los pormenores, la regidora panista propuso modificaciones de diversos artículos de la Ley que involucran el cobro de contribuciones de alrededor de 200 trámites relacionados con permisos, licencias e impuestos en materia de desarrollo urbano.
La Tesorería Municipal propuso un incremento del 10 por ciento, con motivo del porcentaje de la inflación esperada para el 2024; sin embargo, el pleno del Ayuntamiento, dio el visto bueno de la regidora Galindo quien expuso que los referidos conceptos fiscales se actualizan solos porque están tasados en UMAS que cada año tienen un valor igual al de la inflación.
Por decisión unánime se modificó la propuesta original, de tal manera que el rubro relacionado con los gravámenes de desarrollo urbano permanecieron igual que la Ley del 2023.
Discuten adeudos millonarios de impuesto predial
Durante la sesión, Abelamar Chacón coordinador del programa Regidor MX del Plan Estratégico, registró su participación para hablar.
Cuestionó al pleno del Ayuntamiento el motivo sobre el motivo del adeudo del impuesto predial en la cuenta de la Colonia Granjas de Santa Elena, con un adeudo de 675 millones de pesos; de la misma manera presentó otros ejemplos similares.
La tesorera Dayira Fernández respondió que se trata de expedientes que principalmente involucran propiedades ejidales, las cuales son del tiempo en que se vendieron y fraccionaron y los actuales propietarios pagan sus impuestos.
Dijo que la cuestión es que no han “limpiado” los expedientes de esas cuentas y las de otras cincuenta, pero que en la Dirección de Catastro lo están haciendo. “Esas deudas no son tales”, dijo.
También se le cuestionó sobre la contratación del despacho de recuperación de adeudos del predial, Castro y Villarreal, que habría incurrido en actos fraudulentos, de acuerdo con Abelamar, y sin embargo aún estaría prestando sus servicios.
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que el cobro de las cuentas rezagadas lo hace ahora personal de Catastro; por su parte, la tesorera afirmó que el Municipio trabaja con un despacho, aunque no dijo su nombre, pero aseguró que solo intervienen en los casos que tienen cinco y más años de rezago.
La Ley de ingresos tiene que ser autorizada por el Congreso del Estado con poderes de veto y, además publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor, antes del 31 de diciembre de cada año.
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