Con el combate frontal a la corrupción como principal bandera, el candidato panista Javier Corral Jurado se hizo con la gubernatura de Chihuahua en 2016. Dos días después de la toma de posesión, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes, le informaba al nuevo jefe de Palacio que apenas había disponibles 21 millones de pesos en caja -ni para pagar la nómina del mes- además de una deuda pública enorme.

Con dicha información, misma que ya venía masticando desde hace tiempo, el flamante y prometedor gobernador creó, con carácter urgente, un grupo de trabajo para aumentar los ingresos e investigar la red de saqueo a los fondos públicos.

El 12 de marzo de 2017, al emitirse la orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte, comenzaba la llamada operación Justicia para Chihuahua. Se planteó como una intervención de gran envergadura para desmadejar la red de corrupción tejida durante el Gobierno duartista y para resarcir a los chihuahuenses lo saqueado, una operación que Corral había anunciado desde su toma de protesta en septiembre de 2016.

Para entonces, agonizaba la ya muy desgastada presidencia de Enrique Peña Nieto, a quien Javier Corral acusaba de proteger a César Duarte y de mantener el pacto de impunidad, interviniendo en los procesos judiciales que se llevaban adelante contra los cómplices del exgobernador de Chihuahua.

En los albores de su mandato, Javier Corral desplegaba sus mejores vuelos, haciendo gala de sus dotes de histrión consagrado, desarrolladas al calor de sus muchos años de parlamentario, afirmando que Chihuahua podía ser el estado que llevara a Enrique Peña Nieto y sus secuaces ante los tribunales internacionales. A Peña Nieto le quedaba poco tiempo en la Presidencia de la República y el PRI no tenía buenas expectativas para las elecciones de 2018.

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César Duarte ya era prófugo de la justicia y, para evitar su captura en territorio mexicano, había escapado a la fronteriza ciudad de El Paso. En tanto, la Fiscalía General del Estado llevaba a cabo la captura de tres funcionarios públicos del círculo cercano al exgobernador. La operación Justicia para Chihuahua era el estandarte fiel del cumplimiento de las promesas de campaña.

Dentro del Gobierno, la operación comenzó con algunos funcionarios clave, dos de los cuales renunciaron al poco tiempo: Stefany Olmos, secretaria de la Función Pública, y Maclovio Murillo, consejero jurídico del estado. Los sustituyeron Mónica Vargas Ruiz, en la Función Pública, y Jorge Alberto Espinoza Cortés, consejero jurídico. Sobrevivió hasta hoy el fiscal general del estado, César Peniche.

En agosto de 2018 el Congreso del Estado nombró como fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción a Gema Guadalupe Chávez Durán, especialista en Derecho Penal, agregando un nuevo apoyo para la operación Justicia para Chihuahua. Francisco González Arredondo quedó a cargo de un equipo de 15 fiscales, 14 investigadores, 6 analistas criminales, 8 expertos financieros y 8 asesores, una numerosa tropa legal de 52 personas no solo para castigar a los responsables del saqueo, sino para recuperar lo robado.

La bandera del Gobierno de Corral se antojaba complicada, porque Duarte, hábilmente, había creado toda una estructura, no solo para realizar los actos de corrupción, sino también para dificultar las posibles investigaciones y así reducir las probabilidades de sanciones o castigos, incluyendo, a finales de su gobierno, la destrucción masiva de pruebas. También nombró a Jesús Esparza Flores como auditor a modo, involucrado hasta el tuétano en el saqueo, y concluyó su tarea con una destrucción sistemática del Poder Judicial para que no funcionara como contrapeso.

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Al tiempo comenzaron a aparecer sospechas de que la operación se estaba utilizando como un mecanismo de presión política, que pasó de iniciativa anticorrupción a un episodio judicial enfocado en la nómina secreta y los Expedientes X.

La operación se valió del llamado “criterio de oportunidad”, mediante el cual se ofrecía a los procesados un porcentaje de disminución de la pena a cambio del suministro de información y de pruebas fehacientes sobre el esquema de corrupción y sobre los responsables más importantes. Con la intención de hacer una mejor justicia, y aprovechando la experiencia del estado en el sistema penal acusatorio, se intentó realizar un ejercicio responsable de dicho criterio de oportunidad. Así se coló Armando Cabada para devolver el monto de dinero recibido en la famosa nómina secreta de Duarte.

Hasta febrero de 2021 se había procedido contra 41 exfuncionarios y empresarios en el contexto de las investigaciones contra el exgobernador Duarte. Una parte de esas investigaciones se relacionaba con la nómina secreta, la red de corrupción creada en 2014 para evadir la persecución por los desvíos de Duarte. La otra parte se vinculaba con la operación Safiro, mediante la cual se desviaron recursos públicos de diversas entidades para apoyar la campaña presidencial de José Antonio Meade rumbo a 2018.

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El trabajo de la operación Justicia para Chihuahua dio algunos resultados. A fines de 2020 el exgobernador César Duarte estaba en una cárcel de Miami esperando su sentencia de extradición a México, se habían recuperado 634 millones de pesos y se había llevado a 41 personas a los tribunales con 16 sentencias condenatorias. También aseguraron 16 propiedades de Duarte, entre ellas el rancho El Saucito y sus 4 mil hectáreas de extensión. Javier Corral se mostraba orgulloso de los resultados, la operación Justicia para Chihuahua sería su legado y en una de esas hasta Netflix reflejaría los esfuerzos contra la corrupción que realizó su Gobierno.

Sin embargo, en 2016 la agenda electoral comenzó a mezclarse con la agenda judicial, cuando Maru Campos ganó la alcaldía de Chihuahua capital y se convirtió en una inesperada piedra en el zapato de la dupla Corral-Madero. Los votos de la alcaldesa amenazaban con cerrar el paso al camino trazado por Corral y por Madero, uno hacia la Presidencia y el otro hacia la gubernatura. Justicia para Chihuahua parecía ser el camino fácil para taclear las ambiciones de la recién llegada; sin embargo, cuando la alcaldesa obtuvo la reelección en 2018, la presión se transformó en guerra abierta.

Corral declaró que siempre le estuvieron pidiendo cerrar el expediente y exonerar a la hoy gobernadora electa de Chihuahua, y que él, con firmeza, se sostuvo en no hacerlo, por ningún motivo o conveniencia. El gobernador aseguraba que la entonces candidata panista a la gubernatura, Maru Campos, quería hacerse del puesto para tener fuero y lograr inmunidad frente al proceso que la Fiscalía General del Estado tenía en su contra.

Lo cierto es que Corral y sus sabuesos nunca tuvieron alguna posibilidad real de truncar la carrera hacia la gubernatura de Maru Campos. Este Mirone así lo consignó meses antes de la elección, el entramado procesal de la justicia mexicana no dejaban duda de ello.

A contracorriente de la operación Justicia para Chihuahua, algunos datos sustentaban la idea de que la corrupción y la impunidad estaban creciendo cada vez más. El World Justice Project (WJP) afirmaba que el fortalecimiento del estado de derecho en Chihuahua no registró ningún avance en el periodo 2018-2019, mientras que en el ámbito de la corrupción el indicador apenas llegaba a 0.36, un desempeño muy bajo que evidenciaba la persistencia de los sobornos, las influencias metidas en intereses públicos o privados y el uso indebido de los recursos públicos.

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En diciembre de 2020 los medios locales acusaban a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, de haber lanzado una estrategia que utilizaba la operación Justicia para Chihuahua como un mero instrumento electoral, mediante el cual se planeaba la realización de una campaña informativa intensiva en las fechas exactas de las precampañas políticas. El gobernador lo negó todo, pero la sospecha quedó flotando en el ambiente.

No se pueden negar algunos logros importantes de la operación Justicia para Chihuahua, logros que quizá hubieran permitido crear la imagen de un Gobierno efectivo, al menos en este aspecto. Pero a un par de meses del fin del mandato de Corral, su administración quedó calificada como una de las peores del país. Aunque la crisis terminal del PRI en la entidad es uno de los golpes que la operación sí produjo con efectividad, la inseguridad, la deuda pública y la impunidad siguen vigentes.

La elección del 6 de junio dejó a la operación en un carril de vía muerta. Las expectativas del gobernador se derrumbaron, dejando con respirador artificial la continuidad del principal proyecto de su administración, en el que depositó todas sus preferencias, mientras se fue agendando una poblada lista de rencorosos enemigos. Cuando detuvieron a Hugo Amed Schultz, su excoordinador de campaña y representante de la Secretaría de Educación en la Sierra, por su vinculación con el asesinato de Miroslava Breach Velducea, la negra noche terminó de caer pesadamente sobre el muy pregonado Nuevo Amanecer.

Aceptando, en cierta forma, la continuidad de la operación, la electa gobernadora Maru Campos dejó caer un suspiro de venganza reivindicativa contra Javier Corral. La nueva gobernadora afirmó que no perseguiría a Corral, pero que actuaría en caso de encontrar cualquier irregularidad durante el mandato de su antecesor, dejando en claro que le encantaría continuar por la senda marcada por la operación Justicia para Chihuahua.