La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales por su presunta participación en delitos de terrorismo y alzamiento armado, relacionados con bloqueos carreteros realizados entre mayo y junio.
El fiscal Brayan Melgar firmó la resolución, que también incluye cargos por atentado contra vías de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectaciones a servicios públicos.
De acuerdo con las indagatorias, organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana mantuvieron cierres de carreteras durante siete semanas. Las movilizaciones exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz y contaron, según la Fiscalía, con respaldo de grupos cercanos a Morales.
Las autoridades vinculan los bloqueos con interrupciones en el suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades. El reporte oficial registra 16 personas fallecidas; trece de ellas no recibieron atención médica oportuna debido a los cierres viales.
La denuncia que originó el caso surgió de líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La orden de captura también alcanza a Marco Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, y a Vicente Salazar, líder campesino de La Paz, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio por un expediente vinculado a los mismos hechos.
Evo Morales respondió a la acusación a través de redes sociales y negó los delitos. El exmandatario afirmó que enfrenta una persecución política y sostuvo que el Gobierno intenta atribuirle las protestas para desviar la atención de la situación económica del país.
Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde mantiene presencia política y respaldo de simpatizantes. En paralelo, autoridades lo investigan en otro caso por trata agravada de personas, por una presunta relación con una menor de edad ocurrida en 2016.
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