El presidente peruano Pedro Castillo disolvió el miércoles el Congreso e instaló un gobierno de emergencia, justo en momentos en que los legisladores se disponían a votar un nuevo pedido de destitución. ¿Qué implica esta decisión?
Castillo dijo que convocará, a la brevedad posible, a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, que deberá elaborar una nueva Carta Magna en un plazo de nueve meses.
Disolver el Congreso significa que a partir de este momento, Castillo gobernará mediante decretos de ley. Además, habrá toque de queda a partir 22:00 horas locales y hasta las 04:00 de mañana.
También se reorganizará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
La oposición denunció lo que considera un autogolpe de Estado. Recordó que el 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori hizo lo mismo: disolver el Congreso de la República del Perú para neutralizar a sus opositores políticos. Reorganizar el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público, en lo que es ampliamente conocido como Fujimorazo o autogolpe.
Castillo dijo que todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en un plazo de 72 horas. “Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el decreto ley”, exclamó.
“La PNP con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico”, añadió.
Tercer intento de destitución de Pedro Castillo en Perú
El anuncio se produjo cuando Castillo se enfrentaba a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión impulsado por un desprestigiado Parlamento que iba a debatir su posible remoción por “permanente incapacidad moral”.
La Fiscalía investiga al mandatario en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente ha negado las acusaciones.
El primer presidente de origen rural en 200 años de república, que llegó al poder en 2021 sin ninguna experiencia política, ha modificado cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que ha provocado una parálisis de varias políticas de gobierno.
Aunque es el primer presidente investigado en funciones, no sorprende en un país donde casi todos los exmandatarios de los últimos 40 años están indagados por corrupción y ligados a multinacionales, como la constructora brasileña Odebrecht.
Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí.
Los “Chapitos” dictan su ley en narcomenudeo
En 2019 el mandatario Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.
El enfrentamiento con el Parlamento y la Fiscalía es tan fuerte que Castillo pidió recientemente la visita de una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó en un informe que se necesita una tregua política para estimular el diálogo entre las partes.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tenía previsto viajar a Perú el 14 de diciembre para reunirse con Castillo, luego de que el Congreso impidió al peruano viajar a México para participar en la Cumbre de la Alianza del Pacífico.
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