En conferencia de prensa celebrada durante este martes, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, informó que a un año del hallazgo del crematorio Plenitud, continúa en trámite la emisión de la ficha roja de Interpol en contra de José Luis A.C., señalado por ser el propietario del negocio en el que se encontraron los restos de 386 personas en avanzado estado de descomposición.
Sáenz Soto aseguró que, si bien tienen conocimiento que el hombre, quien tiene vigente una orden de aprehensión en su contra, vive en los Estados Unidos y no han podido concluir con el proceso de la Interpol debido a que tienen que cumplir diversos requisitos para poder concretar la solicitud de captura internacional.
“Hay una comunicación en torno a la realización del trámite, la ficha roja lleva una serie de acciones y cumplimientos de requerimientos, en torno a lo que Interpol marca, esperemos que en próximos días haya la emisión de la ficha roja y tener esa situación de alerta migratoria”, declaró.
Acerca de que si confiaba en que las autoridades estadounidenses entregaran al imputado por el caso del crematorio Plenitud, en caso de que se emita la ficha roja de Interpol, Moreno aseguró que, es una situación que no pueden controlar y que, por el momento, solo quedaba realizar los trámites correspondientes para lograr que el dueño del crematorio responda ante las autoridades.
“A nosotros nos toca hacer lo que jurídicamente nos toca, en relación con la Fiscalía General de la República, para que se dé ese hecho. Desde luego, como parte de nuestra responsabilidad es buscar que dicha orden se dé, esté donde esté”, aseveró.
Durante la atención a medios de comunicación, el coordinador de la Unidad de Delitos contra la Vida, Ezequiel Montoya, describió cómo avanzó el proceso penal en contra del dueño de Plenitud, quien había sido vinculado a proceso en julio del año pasado, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Mencionó que, un amparo judicial, provocó la liberación del imputado en febrero de 2026, mismo amparo que, tras una solicitud de revisión, quedó sin efecto, haciendo que el imputado volviera a estar vinculado a proceso penal.
Sin embargo, afirmó que, tras esta solución judicial, se ordenó al imputado comparecer ante el juez nuevamente, con el propósito de revisar su situación jurídica, audiencias a las que no compareció, por lo que el juez lo clasificó como “persona sustraída de la justicia”.
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