Unas horas antes del arresto del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesus Murillo Karam, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, aseguró que se trató de un crimen de Estado, en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Este día el Gobierno federal informó acerca de su arresto.
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Ayer durante la presentación del documento de 97 páginas, Encinas fue directo y al corazón, al señalar que la construcción de la llamada “verdad histórica” del Gobierno encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.
El informe señaló que en ello participaron Jesus Murillo Karam, titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR); Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y, el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.
Así como el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.
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Entre otros, también mencionó a quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal (PF) en el estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y, a quien fue el Comandante IX Región Militar, en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El informe también señaló al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extitna Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y, a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.
“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (SEDENA, CISEN, Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM), de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subrayó el documento.
Por último el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sentenció: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.
Hoy en Tijuana, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, exculpó al Ejército mexicano, el 19 de agosto del 2022, de las acciones de omisión que presuntamente se cometieron en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Durante la conferencia de prena matutina, llevada a cabo desde Tijuana, Baja California, el mandatario nacional afirmó que la transparencia y reconocer la mala actuación en el pasado, fortalece a una institución del Estado como lo son las Fuerzas Armadas y al contrario, incrementa la confianza del pueblo.
