El líder indígena Antonio Montes Enríquez, de 43 años, defensor de la Comunidad de Bosques San Elías Repechike, fue asesinado el pasado 6 de junio.
Había sido un férreo opositor, primero a la construcción del aeropuerto de Creel, y después al manejo del fideicomiso creado para indemnizar a los pobladores originarios afectados por esa obra.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó como móvil del crimen un asunto familiar en el que no tuvo que ver el activismo de la víctima.
De acuerdo con el reporte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el líder indígena fue atacado por un familiar identificado como César P. G., de 27 años con domicilio en la comunidad de Los Manzanos, Bocoyna, quien le destrozó el cráneo con una piedra de 6 kilos y se dio a la fuga.
El parte informativo estableció que de acuerdo con testigos todo se originó por una discusión entre ambos, mientras ingerían bebidas alcohólicas, refiriendo que ya existe una orden de aprehensión girada en contra del presunto.
Al día siguiente del homicidio, el 7 de junio, la abogada Mónica Gretel Ruiz Anchondo, vinculada a MORENA, denunció en su muro de Facebook que supuestamente se había tratado de un “crimen de estado”.
Ruiz Anchondo posteó que Antonio estaba por realizar una protesta por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Javier Corral para entregar recursos del fideicomiso creado para indemnizar a los pobladores de la comunidad Bosques San Elías Repechike, afectados por la construcción del aeropuerto de Creel en el municipio de Bocoyna.
“Como su apoderada legal exijo se esclarezca este crimen artero, debido a que todo parece indicar como crimen de estado”, escribió.
De acuerdo con Ruiz durante años el comité técnico del fideicomiso Bosques San Elías Repechike ha hecho argucias legales para que los indígenas no puedan acceder a los 65 millones de pesos que un juez federal ordenó como indemnización.
Recordó que hace tres meses el propio Antonio Montes Enríquez y un grupo de pobladores tomaron el aeropuerto de Creel reclamando acceso al fondo del fideicomiso.
“El estado se negó a hablar con ellos para llegar a un punto de acuerdo; al tener programada la toma del aeropuerto para la próxima semana, aparece Toño muerto!!”, reclamó.
Consultada al respecto la representante de Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Diana Villalobos, quien ha dado acompañamiento legal a la comunidad, aclaró que las protestas han sido constantes y la última ocurrió hace aproximadamente un mes.
“Hace aproximadamente un mes estuvieron en un plantón en el aeropuerto, las protestas realizadas por la comunidad no son nuevas y las han hecho también en contra de la tala”, detalló.
Los antecedentes
Antonio Montes Enríquez defendía su comunidad de la tala ilegal y de los abusos cometidos en la construcción del aeropuerto de Creel en la anterior administración de César Duarte y falta de respuestas a sus peticiones en la actual gestión de Javier Corral.
Las investigaciones apuntan a que su asesinato fue un asunto de índole familiar, pero detrás de su activismo hay una sentencia ganada a favor de su comunidad por la cantidad de 65 millones de pesos.
Ese es el tema que podría generar otras motivaciones en algunos de los que en los últimos días han salido a exigir “justicia”.
En noviembre de 2014 el juez octavo de distrito Ignacio Cuenca Zamora resolvió un amparo a favor de la Comunidad Bosques San Elías Repechike ordenando una indemnización de 65 millones de pesos por las afectaciones causadas por el aeropuerto construido sin consultarlos.
El documento base del fideicomiso -disponible en internet- establece que la fideicomisaria es la Comunidad de Bosques San Elías Repechike e incluye 33 rancherías.
El gobierno de Javier Corral está obligado a hacer depósitos de 8.6 millones anuales durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; y 4.3 millones en 2023.
Consultada al respecto la comisionada Estatal para los Pueblos Indígenas María Teresa Guerrero dijo a Norte Digital que a la fecha el gobierno de Corral ha cumplido con los pagos.
“Entrando el gobernador Javier Corral Jurado en 2017 se emitió un decreto para acortar el plazo de los depósitos al fideicomiso los cuales a la fecha se han realizado de manera oportuna”, refirió.
Incluso precisó que en la sentencia dictada por el juez federal están etiquetados los recursos por acuerdo con la propia comunidad para aplicarlos en resolver las afectaciones que sufrieron.
“Es preciso señalar que en la sentencia se etiquetó el uso de los recursos con base en las afectaciones señaladas por la comunidad en su escrito de demanda”, explicó.
Distintas organizaciones como CONTEC y Alianza Sierra Madre difundieron este jueves llamados al gobierno para que el homicidio de Antonio Montes Enríquez se esclarezca y se castigue al o los responsables.
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