Ciudad de México.-Organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos aseguran que existen pruebas “abundantes” sobre los nexos de elementos del 27 Batallón de Infantería con la delincuencia organizada.
Esto, en relación a la detención del general brigadier José Rodríguez Pérez, aprehendido la noche de este miércoles por su presunta participación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz, Fundar y el Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, precisan que si ese proceso avanza con pruebas sólidas, “puede ser muy relevante para que rindan cuentas quienes por acción u omisión tienen responsabilidades”.
Las ONGs llamaron a la Fiscalía General de la República a interponer la apelación correspondiente contra la absolución que obtuvo en este caso, el expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca.
“La sentencia es todavía impugnable y llamamos a la Fiscalía a interponer la apelación correspondiente. Esta sentencia deriva de una causa que en su momento se inició con la acusación que en 2014 presentó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura, lo que derivó incluso en la exclusión de múltiples pruebas de cargo debido a su ilicitud”, señalan.
Destacan que al igual que Abarca, 19 personas más resultaron absueltas del caso Iguala , entre las que se encuentran al menos 11 expolicías municipales: Alejandro Andrade de la Cruz, Arturo Calvario Villalba, Baltazar Martínez Casarrubias, Emilio Torres Quezada, Fausto Bruno Heredia, José Vivencio Flores, Mario Cervantes Contreras, Miguel Ángel Hernández Morales, Nicolás Delgado Arellano, Zulaid Mariano Rodríguez, Iván Armando Hurtado Hernández.
Todos ellos, habían sido señalados como parte del grupo «Los Bélicos», controlado por la delincuencia organizada.
Agregan que el resultado de absolución es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República
“Por ello, como en su momento insistimos reiteradamente los representantes de las familias, debieron presentarse nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas lícitas, pues era previsible que este fallo llegaría”, sostienen.
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