Tres reos prófugos, ningún directivo del Cereso estatal 3 consignado y varias familias de custodios a quienes les regatean el pago de una indemnización por daño moral, es parte del panorama que se vive a dos años de la más violenta fuga de dicho penal, la cual fue orquestada por el peligroso líder de Los Mexicles, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”.
Ciudad Juárez tuvo un amargo arranque de año el 1 de enero de 2023, cuando 30 hombres salieron por la fuerza, encabezados por un criminal.
Antes de alcanzar la libertad con violencia, reunieron a 10 custodios, a quienes fueron asesinando uno a uno, delante de los demás. Fueron masacrados Édgar Omar Hernández García, Guadalupe Gámez Galán, Jaime Arciniega Alvarado, Carlos Ernesto Salinas Bañuelos, Abel Juárez Hernández, Carlos Santiago Padilla Silva, Manuel Rodríguez Soria, Víctor Hugo Rivera Meraz, José Ausencio Pérez Puentes y Domingo Trejo Serrano. Los degollaron y a algunos les dieron tiro de gracia.
También, en lo que pareciera ser un rito sangriento, los pandilleros eliminaron a siete internos, entre ellos quien fue el brazo derecho de El Neto. Perecieron los internos: Juan Carlos Nurias Gómez, José Luis Oliván García, Edgar Echeverría Rodríguez, Mario Enrique Falcón Herrera, Jorge César Lares Nicols, Cristian Reyes Navarro y César Vega Muñoz.
Éste último era apodado como El Chilín. En torno a dicho crimen, se han tejido diversas hipótesis, como la que afirma que se le había perdido la confianza y otra que afirma que tuvo una discusión con El Neto, cuando éste último les informó de la intención de privar de la vida a los custodios, con algunos de los cuales El Chilín había tejido fuerte amistad. Así que su segundo de abordo quiso abogar por los uniformados y en su intento resultó también asesinado.
Recientemente, el fiscal de Distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, informó que el caso no se ha cerrado y las investigaciones continúan para lograr que se haga justicia y capturar a los evadidos.
En relación a los exdirectivos del Cereso 3, es el área de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado quien lleva su investigación y aclaró que no se han presentado ante el Juez, porque se han asesorado jurídicamente para evadir posibles cargos.
Sobre los tres presos que aún se encuentran evadidos, se tiene el dato oficial de que son: Kevin Leobardo Molina Rodríguez, Jorge Arturo Meléndez Alvídrez y Esteban Ramón Ruiz Pérez, alias “El Clavos”. Los dos primeros cursaban una condena por portacion ilegal de arma de fuego y el último por secuestro.
La lucha por una indemnización millonaria
Al cumplirse dos años de la brutal masacre de 10 custodios, sus familias ven una luz al final del túnel, luego de que interpusieron demandas por daño moral y continúan peleando una indemnización digna.
Saben que la vida de sus seres queridos no regresará, pero al menos buscan un alivio, garantizando parte de su futuro económico.
Fue la diputada local María Antonieta Pérez Reyes, quien escuchó primero a las familias y con el apoyo del Despacho “Lex Iusta”, comenzaron a preparar las diez demandas, las cuales se presentaron y ya fueron contestadas por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Raúl Esparza Silva, abogado de dicho despacho, explicó que inicialmente una de las familias no se interesó en interponer demanda, sin embargo después tomaron la decisión de hacerlo.
Así que la totalidad de las familias de los custodios entabló la pelea jurídica y para el mes de febrero de 2025 tendrán una audiencia.
El litigante mencionó que la autoridad estatal contestó las demandas, en el sentido de que ya se habían pagado las prestaciones laborales, sin embargo les respondieron que no están en un tribunal laboral, sino que están exigiendo que se les restituya por el daño moral que contempla la Ley Patrimonial del Estado.
Indicó que negaron incluso la relación laboral de los custodios, calificándolos como policías adscritos a la Academia y arguyeron que se habían pagado los seguros de vida.
Esparza Silva señaló que recientemente desde la SSPE les dieron a conocer que estaban dispuestos a tener un acercamiento conciliatorio, sin embargo éste no se ha dado.
Anotó que de ocurrir una sentencia por parte del Tribunal, sería una onerosa y aparentemente Gobierno del Estado tratará de evitarla, haciendo un ofrecimiento consensuado.
No obstante, aclaró que ya no se dio mayor comunicación y están a la espera de que les vuelvan a llamar o esperar la fecha prevista para mediados de febrero ante el magistrado, donde continuarán exigiendo la cifra estipulada en la ley, donde será el magistrado quien dé su sentencia.
Subrayó que están solicitando 30 millones de pesos (mdp) por daño moral, cifra justificada o amparada por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de 10 millones de pesos por el daño o afectación de vida.
“Como los custodios eran el sustento económico de las familias, hay una figura legal que establece que cuando se interrumpe (la vida) o se muere la persona, o por un accidente de gobierno, tiene derecho a pedir un indemnización por daño al proyecto de vida”, subrayó.
Esparza Silva especificó que dejaron de percibir la parte económica, aparte de que hubo afectaciones psicológicas severas a las víctimas y no han podido recuperar su vida ya que el daño es muy grande. Así que serían los 30 mdp por daño moral y otros 10 por daño al proyecto de vida.
Precisó que en algunos casos son esposa e hijos y en otros algunos familiares diferentes quienes les sobreviven.
El especialista en Derecho enfatizó que no se puede tener una fecha clara para que se dé una sentencia, sin embargo calculó que si todo avanza correctamente, para noviembre o diciembre del 2025 es cuando pudiera darse, dependiendo en parte de la carga de trabajo del Tribunal.
Milagro lo salvó, pero daño psicológico lo tiene muerto en vida
Por otra parte, el abogado comentó que además de las demandas por los 10 custodios privados de la vida, hubo otros cuatro sobrevivientres que presentaron demanda por daño psicológico, pero tres de ellos aceptaron reintegrarse nuevamente, luego de que habían dejado de acudir a laborar.
Señaló que esos tres se desistieron de la reclamación, mientras uno de ellos insistió en la demanda, al haber sufrido severa afectación psicológica.
“Quedó muy afectado, porque realmente vio la muerte de sus compañeros, estuvo ahí presente y por arte del destino o un milagro, a él no le tocó”, finalizó Esparza Silva.
Los ex funcionarios incómodos
El fiscal de Distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, indicó que la fuga masiva del Cereso estatal 3 y el respectivo motín que dejó 17 muertos, ocurrido el 1 de enero de 2023, ha sido una investigación larga, la cual está ligada al caso del Jueves Negro, porque tienen un mismo origen, ya que ambos eventos tendrían la autoría de la banda Los Mexicles.
Ante la pregunta de si ya se descartó a exfuncionarios públicos como responsables de las irregularidades en el Cereso referido, de donde se habría propiciado la entrada de armas, el empoderamiento del reo Ernesto Piñón de la Cruz, El Neto, los homicidios del 1 de enero de 2023 y la fuga grupal, señaló que no se ha terminado con la indagatoria.
Subrayó que cuando no se termina la investigación ni se formula imputación, no se pueden emitir órdenes de aprehensión.
Anotó que el caso sigue, porque la investigación no solamente implica ver el posible involucramiento de exfuncionarios públicos, sino qué fue de los responsables de los crímenes, así como de la fuga, para saber si fueron detenidos en otros eventos o si ya murieron, entre otros factores.
Salas indicó respecto a los exdirectivos del Cereso 3, durante ambos eventos del Jueves Negro (11 de agosto de 2022) y la fuga (1 de enero de 2023), que se han asesorado jurídicamente para evadir las acusaciones.
Precisó que la carpeta de investigación está radicada en la ciudad de Chihuahua, donde la está revisando Asuntos Internos, sin detallar mayor información.
La duda de si Fierro Duarte y Harris Arrondo fueron protegidos
Lo cierto es que las investigaciones de lo ocurrido el Jueves Negro en agosto de 2022, así como las de la fuga de enero de 2023, quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado, donde su entonces titular Roberto Fierro Duarte, quedó fuera de toda acusación, porque el Ministerio Público a su cargo no le fincó responsabilidad alguna.
Luis Alfonso Harris Arrondo, quien era el titular del Sistema Penitenciario del Estado, fue cesado de su cargo el 11 de enero de 2023, tras el escándalo de la fuga de El Neto y otros 29 mexicles que lo seguían, donde 10 custodios fueron asesinados al interior del edificio, pero quedó exonerado, no solo de la riña y homicidio de dos personas en el Cereso Estatal 3 el 11 de agosto de 2022, sino de la gran evasión del penal ocurrida en enero de 2023.
El fiscal Fierro fue retirado de la FGE sin una sola carpeta de investigación. Posteriormente fue reubicado a la Secretaría de Hacienda y en agosto de 2024, se le designó como titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado.
En agosto del 2023, quien fungiera como director del Cereso 3, Francisco Javier D.S., fue citado a audiencia y en ella se le dictó vinculación a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y no vinculación por homicidio y homicidio en grado de tentativa en forma de comisión por omisión y no se le decretó medida cautelar, únicamente la promesa o encomienda de continuar con el proceso, lo que significa que quedó en libertad.
Por túnel entraban y salían mercancías y personas
La situación que imperaba anteriormente en el Cereso estatal 3, cuando dependía de la FGE, era de corrupción, privilegios y autogobierno, como ha quedado documentado fehacientemente en diversos estudios y a través de las recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Ha quedado demostrado el control que ejercía El Neto al interior de la cárcel y cómo a través de un túnel en una pared, entraban o salían mercancías y personas.
Eran tales las irregularidades, que adentro del penal tenían un poderoso arsenal con el cual pudieron cometer los 17 asesinatos sin la más mínima resistencia, además de que para festejar el fin de año y la llegada del nuevo, entraron a las celdas controladas por Los Mexicles, diversas personas ajenas, incluidas 20 mujeres y algunos niños.
Demostrada quedó la impunidad con que se manejaban adentro, porque después de un cateo realizado el mismo 1 de enero tras la masacre de los 10 custodios y 7 reos, encontraron 84 dispositivos móviles, 10 armas largas, 4 armas cortas y 82 cartuchos de diferente calibre. De igual manera localizaron más de 20 kilogramos de diversas drogas.
Fueron 285 bolsas de cristal (con un peso de cuatro kilos), 38 dosis de cocaína (40 gramos), 68 de mariguana (16 kilos), 69 de heroína (un kilo y medio), 8 pastillas de fentanilo y otro paquete con 50 bolsas de cristal.
Localizaron además un millón 700 mil pesos en una caja fuerte, presunta propiedad de El Neto, quien además tenía celdas VIP a su disposición.
Tenían adentro todo el poder, así que ese 1 de enero de 2023, se les hizo un polvo usar las armas y salirse, aunque algunos de ellos murieron en los días siguientes en feroces enfrentamientos, incluido El Neto, quien fue doblegado el 5 de enero, cuando huía en un vehículo blanco marca BMW, modelo 2014. La libertad solamente le duró cinco días.
