Este viernes se llevó a cabo la audiencia inicial del caso contra el Grupo Fimbro, en un caso similar al que se le sigue a grupo Aras, por presunto fraude en contra de personas que fueron convencidas de invertir y ahora no les quieren regresar su dinero.
Sobre la audiencia de este día, fue derivada de la denuncia presentada por la ciudadana Briselda Duarte Vargas bajo la causa penal 7154/2022, quien alega que la empresa se ha negado a cumplir con el pago de una inversión realizada hace dos años.
La audiencia se desarrolló en los juzgados del Distrito Judicial Bravos, donde se presentaron parte de las pruebas que respaldan la denuncia. La víctima destacó la gravedad del presunto fraude y expresó su esperanza en que se haga justicia.
Según la afectada, varios ciudadanos han sufrido pérdidas en su patrimonio al invertir en Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital Variable (SAPI), como es el caso de Grupo Fimbro.
Mauricio Blanco, asesor jurídico de la víctima, informó que la audiencia fue prolongada con el Ministerio Público, dedicando dos horas y media a la presentación de pruebas.
Blanco destacó un presunto conflicto de interés, ya que el abogado que representa a los imputados había asesorado previamente a la víctima y a pesar de esto, el recurso de revocación no fue admitido.
El abogado señaló que a pesar de los intentos de plantear el conflicto de interés, ya no se quiso insistir debido a que el proceso ha avanzado lentamente durante los dos años transcurridos, con promesas incumplidas por parte de los imputados ante el Instituto de Justicia Alternativa para la reparación del daño.
El litigante informó que el próximo martes 14 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso, tras la presentación del caudal probatorio. Además, como medida cautelar, se fijó una fianza para las tres personas que constituyen el Grupo Fimbro, asegurando así una cantidad parcial de los pagos. En sus declaraciones finales, Briselda Duarte Vargas destacó que empresas como Grupo Fimbro, al incurrir en fraudes, confían en el respaldo oficial y se aprovechan de la apatía y la falta de recursos para presentar denuncias.
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