Con la controversia a cuestas por la oposición del Gobierno del Estado de Chihuahua a entregar los libros de texto elaborados por el Gobierno Federal, al señalar que presentan errores y una gran carga ideológica, este día inicia el ciclo escolar 2023-2024 para 292 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
Con el arranque de las actividades académicas, comenzará el movimiento en las 972 instituciones escolares establecidas en Ciudad Juárez, reportó el subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada.
El funcionario dio a conocer la semana pasada que todo el aparato de educación estaba listo para comenzar las clases, a pesar de la polémica generada por el contenido de libros de texto, por lo que, por ahora, los 4 millones 027 mil 649 ejemplares enviados a Ciudad Juárez permanecerán en las bodegas de la dependencia.
Para Catalina Castillo Castañeda, activista social y representante de la Red por la Infancia en Ciudad Juárez, la situación es inédita, pues hasta ahora no se había cuestionado de una forma tan severa y extrema el contenido de los textos oficiales.
Indicó que los niños y adolescentes quedaron al margen de un asunto que los impacta de forma directa, ya que no fueron consultados sobre el particular a través de algún ejercicio de consulta para conocer qué es lo que piensan de la politización del contenido de los libros.
Instancias como la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) deberían expresar un posicionamiento con relación al impacto que tendrán los alumnos del nivel básico en el estado, mencionó.
Negar la distribución de este material, agregó, se torna en una violación a los derechos de este segmento de la población porque está contemplado en el artículo tercero de la Constitución de México; por tanto, ocurre una afectación a la ley nacional, así como a la Convención de los Derechos del Niño, documento máximo de atención a la niñez al que el país está suscrito.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Chihuahua argumentó que el contenido de los libros, elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), generó que promoviera la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar su distribución.
Ministros de ese órgano determinaron la suspensión temporal del reparto de los materiales en la entidad por posibles violaciones a los procedimientos para la realización de los contenidos.
Además, la revisión hecha por la autoridad estatal da cuenta de la existencia de 200 errores pedagógicos, didácticos, de contenido y de organización, que llevaron a cuestionar su entrega.
Argumentó además que, a pesar de que las asignaturas están contempladas en los campos formativos, fueron reducidas cuando deberían ser la herramienta básica para apoyar la labor de los docentes y reforzar la construcción de conocimiento.
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