“No saben lo difícil que es entrar, ver a una chica romperse para comentar lo que le hicieron, y que aquí no lo tomaran en cuenta”, reprochó este jueves la directora del Colegio Tesla, Verónica Suchil Peña.
Lo anterior, minutos después de presentar apelación contra la sentencia que el juez octavo civil le impuso a la escuela y que incluye pagar más de 21 millones de pesos por daño moral y afectar el proyecto de vida del demandante.
Enfatizó que el estudiante, que en este proceso civil se presenta como víctima, tenía 18 años al momento de los hechos, suscitados en mayo de 2022.
Hubo testimonios de señoritas, dijo, que no fueron recibidos en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).
Lo más grave, agregó, es que las trataran “de una forma poco empática e incluso insultante”.
“No puedo repetir las palabras extremadamente groseras que les dijeron, como ‘primero eres una (…) y después vienes a quejarte’, y ni siquiera la denuncia les tomaron”, reveló.
Suchil Peña sostuvo que, después de ver cómo se comportaron las autoridades, y cómo incluso hubo publicaciones que defendieron al agresor, empezaron a entender lo corrupto del sistema.
“Nuestras chicas siguen en atención psicológica, mientras el agresor, con todo este aparato de gente corrupta, ya está en una universidad de prestigio en Estados Unidos”, cuestionó.
Ni la Fiscalía ni el juez empatizaron con el sufrimiento de las estudiantes y solo vieron, minimizándolas, “a un par de mujeres defendiendo mujeres”, apuntó.
Insistió en que la vida del señalado no se truncó y la de muchas de las afectadas sí.
“Han salido muchas publicaciones que son noticias pagadas, que intentan victimizar al agresor”, criticó.
Sentencia sin pies ni cabeza
Al llegar la mañana de este jueves a los juzgados civiles, en la sede del Poder Judicial del Estado de esta frontera, la abogada Olivia Aguirre Bonilla, que asumió la defensa del colegio la semana pasada, también criticó la resolución del juzgador civil.
“Lo que venimos a combatir es precisamente esta sentencia que no tiene pies ni cabeza, invisibiliza la violencia de género que se vive en las escuelas y también invisibiliza el dicho de las víctimas”, afirmó.
En ese sentido, recordó que los delitos de carácter sexual son de realización oculta y por eso criticó que el juez haya establecido que el dicho de la víctima no valía, “porque no iba acompañado de evidencia”.
“Háganme el favor, quien es víctima de violencia sexual, ¿tiene que tener evidencia documental? Es un absurdo y por eso nos queda claro que el juez, ni siquiera tiene la más remota idea de lo que es juzgar con perspectiva de género.
Este tipo de sentencias –advirtió– lo único que provocan, es que la violencia de género se siga presentando en las escuelas.
No solo no es sancionada, sino que quienes intentaron visibilizarla y sancionarla, terminan condenadas y con una sentencia de 21 millones de pesos.
Alertó que es muy importante que la comunidad sepa lo que esta pasando en los juzgados y con qué tipo de juzgadores contamos.
Lo que sigue después de la apelación que presentaron, es que el magistrado que le toque resolver se vaya al fondo del asunto, y juzgue con perspectiva de género y perspectiva de infancia, demandó.
El fondo del asunto en este caso –afirmó– fue la expulsión de un chico agresor sexual que no es víctima. Las víctimas son, agregó, las estudiantes del instituto.
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