Apagado, el sistema anticorrupción

El  Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua es inoperante hoy en día bajo la era de los partidos dominantes de  izquierda y derecha  en el  Congreso del Estado y bajo la gubernatura del panista Javier Corral Jurado,  quienes han demostrado una débil  voluntad para sacar adelante los pendientes, sin los cuales las leyes para la rendición de cuentas e impunidad política  en la entidad son letra muerta.

Los diputados de las bancadas mayoritarias del Congreso y el titular del Poder Ejecutivo del Estado hasta momento, han estado obstaculizando la sanción de los servidores públicos corruptos con la postergación del proceso para la aprobación de la “Ley de Fiscalización Superior del Estado”, una de los instrumentos más normativos más importantes para el cumplimiento de los objetivos del SEA de Chihuahua.

La Ley de Fiscalización Superior en estos momentos cuenta con el respaldo de un dictamen en manos de los diputados de las comisiones de Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción  del Poder Legislativo.

Para su aprobación requiere que pase por la decisión del pleno del Congreso del Estado y su entrada en vigor depende de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, como lo contempla el proceso legislativo.

Sin embargo la  experiencia demuestra que este último paso puede tardar hasta meses.

La  Ley de Fiscalización del Estado es tan importante que mientras no tenga vigencia, no pueden aplicarse la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ni la  Ley Administrativa del Estado de Chihuahua, de acuerdo con el Informe Anual 2018 del Comité Coordinador del Sistema SEA-CH.

DIPUTADOS NO ASISTEN A LAS SESIONES.

El 20 de marzo de 2019,  los diputados de las comisiones de Transparencia, Parlamento Abierto y Anticorrupción sesionaron para  el análisis de la iniciativa Ley de Fiscalización, pero ante la falta de cuórum por la inasistencia de  los representes populares,  pospusieron la reunión para el 28 de marzo con el compromiso de instalar la representación de  “Comisones Unidas”  para desahogar dicho punto.

Lo anterior a pesar de que  la  iniciativa cuenta incluso con un trabajo previo de consulta pública, por parte del Colegio de Contadores, USAID, Barra de Abogados quienes propusieron un dictamen técnico, pero la inasistencia de algunos diputados s los trabajos de las comisiones, impidieron avances de  los asuntos prioritarios para la implementación del nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos que en el nivel federal ya se encuentra en operaciones.

El marco normativo es uno de los vacíos que adolece el SEA, para lo cual aún es necesario que la oficina del gobernador, por conducto de su Secretario de Gobierno, César Jauregui,  mande publicar  la  Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia en el   Periódico Oficial del Estado, ya que por el momento  es inaplicable, pese a su aprobación el 11 de junio de 2018.

Los mismo sucede  con la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, aprobada en diciembre de 2018 por el pleno del Congreso del Estado, la cual, meses después fue aprobada, en marzo de 2019,  a raíz de un  penoso incidente que obligó al gobernador a rendir cuentas en un evento público.

Durante  meses el Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, por este motivo no pudo aplicar ningún procedimiento contra funcionarios corruptos, ineficientes u omisos porque no había sido publicada hasta, gracias a que  el titular del Ejecutivo del Estado enfrentó una  situación bochornosa, cuando el 11 de marzo en Palacio de Gobierno, durante la celebración del foro para promocionar la cultura de la participación y la transparencia entre jóvenes chihuahuenses, estos lo cuestionaron al respecto sobre el retraso de dicha publicación.

Al día siguiente el jefe del Poder Ejecutivo del Gobierno de Chihuahua ordenó la publicación del documento.

Los testigos pasaron un momento que les provocó  pena ajena, cuando el estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey ITES, Carlos Olvera, cuestionó al  mandatario estatal sobre la imposibilidad de sancionar la corrupción por las vías administrativa o penal porque en ese momento su gobierno no había publicado la Ley de Justicia Administrativa, y aunque Corral dejó sin responder esta parte del cuestionamiento, en el mismo foro en el que también participaron representantes de México Transparencia Mexicana,  otro  estudiante insistió que respondiera la pregunta evadida.

Meses antes, integrantes del Comité de Participación Ciudadana sostuvieron audiencias con el titular de la Secretaría de Gobierno y con representantes del Congreso del Estado y no lograron agilizar la publicación, hasta que la sociedad a través de los ciudadanos, estudiantes de educación superior, cuestionaron al gobernador, con tales resultados que el documento apareció impreso en el Periódico Oficial al día siguiente.

LEY DE FISCALIZACION DEL ESTADO, LA GRAN OMSION.

La Ley de Fiscalización del Estado, la columna vertebral del cuerpo jurídico para la actuación del SEA, mantiene  “sin dientes” al  titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, quien  continúa sin contar con las atribuciones necesarias para determinar las sanciones, administrativas, penales o civiles, que el nuevo orden legal debería facultarlo.

Como es previsible, con un Sistema Anticorrupción como el de la entidad, la calificación de los informes ejecutivos de la Auditoría Superior del Estado y el curso legal que toman para sancionar conductas de los funcionarios públicos, continúa siendo una decisión “politizada” en manos del Congreso del Estado, donde los actores en turno se prestan a negociaciones para evadir o minimizar la responsabilidad de  los representantes de los entes públicos de su mismo signo político, en lugar de que organismo técnico asuma esta responsabilidad en un marco institucional que supone una mayor autonomía frente a los privilegios e interés  de los partidos y actores políticos.

Sin la vigencia de esta misma  Ley,  el titular de la ASE se encuentra impedido para  decidir la apertura o inicio de auditorías en el momento en el que se presentan las denuncias, ipso facto, dado que tienen que esperar a que concluya el año fiscal para iniciar con los trabajos de fiscalización de los entes públicos.

Aunque  la   sola voluntad del gobernador pudo publicarse  la Ley de Justicia Administrativa del Estado de un día para otro, después de tres  meses de su aprobación en el Congreso, esta no puede aplicarse porque no se cuenta con el Tribunal ad hoc para impartir justicia administrativa, por la misma razón de que este organismo tampoco ha sido instalado.

TIENEN MESES INSTALANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.

Además de los vacíos existentes en el  marco normativo, los diputados y el gobernador mantienen incompleto la  integración del Sistema Anticorrupción, puesto que después de muchos meses aún no han instalado el  Tribunal Estatal de  Justicia Administrativa, compuesto por tres magistrados quienes, sin justificación, no han sido seleccionados.

El Gobierno del Estado  dispone de un presupuesto de 30 millones de pesos y una convocatoria para que en 40 días seleccionen a los miembros del mismo órgano judicial.

UN SISTEMA ANTICORRUPCION INCOMPLETO.

Marco Normativo…

-Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia, aún es inaplicable pues pese a su aprobación el 11 de junio de 2018, no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado.

-Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, aprobada en diciembre de 2018 por el pleno del Congreso del Estado, , fue publicada en el  en el Periódico Oficial del Estado apenas la primera semana de marzo del 2019.

Falta Cambios Administrativos…

– Falta que el gobernador nombre al  titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, presidida por Yazmin Alanís, en estos momentos  encargada del despacho tras la renuncia de Estefani Olmos.

La aprobación de otras normas…

Adicionalmente, el Informe Anual 2018  del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, establece la necesidad de la adecuación de otras normas para el buen funcionamiento del Sistema, conforme a la Constitución Política federal y Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

-Modificaciones  al  Código Municipal del Estado, a fin de dotar de facultades a la figura del Sindico para que lleve a cabo las funciones del órgano interno de control.

-La Ley de Extinción de Dominio requiere ser armonizada y actualizada y una mejora regulatoria para dotar de atribuciones a las funciones de la Secretaría de la Función Pública.

INSTANCIAS INSTALADAS DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION.

El SEA de Chihuahua cuenta con una estructura completamente instalada, cuyo proceso destacada la instalación del Comité de Participación Ciudadana, con el que se pretende imprimir confianza de la ciudadanía contra la impunidad y combate a la corrupción.

También destaca el proceso  para la  designación de Héctor Acosta Félix  a cargo  de la Auditoría Superior del Estado, así como  Félix Romo Gasson  para que presida la  Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador del Estatal del SEA y Gema Guadalupe Chávez como titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del mismo organismo, a través de un procedimiento que involucró a representantes ciudadanos en la toma de decisiones.

Comité de Selección Instalado

Comité Participa. Ciudadana.       Instalado

Comité Coordinador. Instalado

Secretaría Ejecutiva Instalado

Comisión Ejecutiva Instalado

El  Poder Legislativo del Estado, compuesto mayoritariamente  por  diputados de MORENA y PAN, a lo igual que el gobernador de extracción panista,  ¿ continuarán retrasando aún más los procesos para la promulgación y adecuaciones de las leyes necesarias para llamar a cuentas a los servidores públicos y terminar con la impunidad entorno a la corrupción política, a costa del creciente malestar y desconfianza  de los ciudadanos ? .

Una de las lecturas que se imponen es que los  poderes del Congreso y el Ejecutivo del Gobierno del Estado, continúan demostrando la misma voluntad política de dejar el estado de  cosas igual para que las irregularidades de los representantes de los entes públicos, continúen siendo un potestad del Congreso del Estado, mediada por negociaciones “políticas” en los oscurito, como se denuncia cada vez que los representantes del Poder Legislativo  dictaminan y aprueban las cuentas públicas de los Municipios y los diversos entes públicos jurisdiccionales  del estado.

La sesión del Congreso del Estado del 13 de diciembre de 2018, con motivo del  acuerdo para la aprobación de diversas cuentas públicas, entre estas la 2017 del Municipio de Juárez, es un claro ejemplo de lo que no debería estar pasando a estas alturas del proceso de la instalación del SAE-CH, sólo por que las fracciones mayoritarias del Congreso y el gobernador no se han comprometido a sacar adelante el proceso legislativo pendiente.