CULIACÁN, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió este miércoles un comunicado en el que refrenda su postura institucional de apego a la legalidad y el respeto al debido proceso, tras las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses contra varios servidores públicos mexicanos, entre ellos Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del Estado.
En el documento, la institución sinaloense subraya que cualquier solicitud relacionada con estos señalamientos debe tramitarse estrictamente conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.
Agrega que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar los elementos de prueba y determinar la procedencia legal de eventuales solicitudes de detención o extradición.
Contexto de las acusaciones
Este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal ante un tribunal federal en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al menos otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios.
A Dámaso Castro Zaavedra se le señala por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos” (facción del Cártel de Sinaloa), a quienes supuestamente habría brindado protección a cambio de sobornos.
Las autoridades estadounidenses alegan que los acusados habrían colaborado para facilitar el trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y otras drogas hacia territorio norteamericano, y que elementos de corporaciones policiales estatales y municipales habrían protegido cargamentos y operaciones del cártel.
Tras la imputación, el gobierno mexicano confirmó haber recibido una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Postura de la Fiscalía de Sinaloa
La FGE enfatizó que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada culpable sino hasta que una autoridad judicial competente emita una resolución en firme.
“Toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional”, señala el comunicado.
La institución reiteró su compromiso con la objetividad, la legalidad y el irrestricto respeto al marco constitucional, al tiempo que llamó a que cualquier procedimiento derivado de los señalamientos extranjeros se realice dentro del orden jurídico mexicano.
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