En Ciudad Juárez, centros de rehabilitación para personas con adicciones mantienen sus operaciones no solo con pacientes que buscan superar el consumo de sustancias, también con personas internadas por motivos ajenos a las drogas, como conflictos familiares o conductas consideradas “rebeldes”.
Fuentes cercanas al funcionamiento de estos espacios señalaron que, si bien existe un esfuerzo significativo por parte de particulares para ayudar a quienes enfrentan problemas de adicción, la falta de apoyo institucional ha llevado a que muchos establecimientos dependan de cuotas elevadas para sostenerse.
Esta situación, aseguran, ha derivado en prácticas cuestionables, como el ingreso de jóvenes catalogados como “ingobernables” o incluso de hombres enviados por sus parejas ante sospechas de infidelidad, pese a no presentar consumo de sustancias.
La problemática refleja no solo la precariedad en la atención pública a las adicciones, sino la ausencia de regulación efectiva en algunos centros, lo que abre la puerta a un uso extendido de estos espacios más allá de su propósito original.
A condición de anonimato, algunos encargados de este tipo de establecimientos mencionaron que algunos de sus colegas caen en prácticas poco éticas con tal de tener personas internadas y, de esa manera, asegurar flujo de efectivo.
Internamientos forzados y cuotas que sostienen el sistema
Según los entrevistados, los centros de rehabilitación locales cobran cuotas muy variadas, que van desde los mil 500 pesos por semana por persona, hasta los 30 mil pesos por procesos de tres meses, que es el tiempo promedio de internamiento. Algunos cobran, además, entre 5 y 8 mil pesos por aceptarlos, como una especie de cuota de inscripción.
Explicaron que una forma de asegurar el internamiento es que van por las personas en un vehículo hasta donde la familia les indique, privándolas de la libertad entre varios colaboradores.
Dijeron que, de los 39 establecimientos de este tipo que existen en Juárez, fácilmente unos 30 recurren a esa práctica de llevar gente por la fuerza, aunque no en todos los casos.
De acuerdo con la información proporcionada, los centros de rehabilitación de la localidad tratan de apegarse a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, la cual establece los criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones; sin embargo, el cumplimiento no siempre se realiza con todas las formalidades, sino que se adecúa a sus necesidades.
Mencionaron que, al internar a los adictos por la fuerza, durante el proceso intentan convencerlos de que enfrentan un problema serio de salud, en el que incluso representan una amenaza para la sociedad, y que lo mejor es firmar que están ahí de forma voluntaria.
Asimismo, llegan a amenazarlos con impedirles el contacto con sus familiares los fines de semana si no firman, de tal forma que consiguen el objetivo de una u otra manera.
“Madrinoterapia”: violencia como método de control
Sobre la violencia a la que recurren algunos centros de rehabilitación una vez que las personas están dentro, estimaron que, de los 39 establecimientos en Juárez, fácilmente unos 35 incurren en esas prácticas como parte de su metodología de “atención”.
Una de las fuentes indicó que los centros aplican métodos rudos a los que llaman incluso “madrinoterapia”, en alusión a la palabra “madriza”, para referirse a las consecuencias que enfrentan quienes no obedecen o no se someten a las reglas.
Agregó que, al estar a cargo personas que vivieron ese mismo proceso violento, al convertirse en padrinos o guías tienden a repetir lo que consideran que les funcionó.
Comentó que la violencia comienza desde el ingreso al centro, donde rápidamente los llevan a un baño u otro espacio cerrado y ahí les “leen la cartilla” sobre el comportamiento esperado.
De esa manera les advierten que no levanten la voz, ya que eso puede derivar en “bachones” (golpes en la nuca), puntapiés, obligarlos a sentarse por horas en botes pequeños de lámina —los llamados chileros— o incluso golpizas entre varios para “bajarles los humos”.
Según la información recolectada, la membresía se alimenta entonces de personas llevadas por la fuerza que, si bien pueden tener problemas de adicciones, no están ahí por su voluntad.
Asimismo, padres de familia llegan a internar a sus hijos “ingobernables” que no les obedecen y para quienes, según consideran, ya no existe otro remedio que retomar “el buen camino”.
Dichos adolescentes pueden incluso no tener ninguna adicción y pasarían exámenes antidoping, según se indicó.
Otras personas que también llegan a ser internadas por la fuerza, según las fuentes, son hombres cuyas esposas sospechan que son infieles o “adictos a las mujeres”; al ofrecer un pago a estos centros, aceptan su internamiento.
Finalmente, mencionaron que algunos centros llegan a aceptar a personas con problemas de salud mental, como la esquizofrenia, que no necesariamente son adictas a las drogas y que, en lugar de ser canalizadas a instituciones especializadas, permanecen ahí para sostener las cuotas que pagan sus familiares.
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