La expresión coloquial “andarse por las ramas” permite describir un patrón recurrente de desviación estratégica en el diseño y la formulación de políticas públicas. En términos analíticos, este concepto refiere a prácticas de toma de decisión caracterizadas por la dispersión deliberativa, la evasión decisional y el deslinde de responsabilidades, mediante las cuales actores políticos, burocráticos o coaliciones de interés evitan confrontar el núcleo sustantivo de los problemas públicos, así como las implicaciones de sus resultados.
Desde esta perspectiva, la toma de decisiones se configura como un proceso en el que la atención se desplaza hacia dimensiones secundarias, simbólicas o procedimentales, lo cual evidencia deficiencias en la construcción del problema público. En lugar de atender sus causas estructurales, los diseñadores de políticas tienden a privilegiar diagnósticos superficiales o políticamente funcionales, sin considerar que dichas decisiones pueden enfrentar resistencias sociales, incluso en contextos donde se presume una aceptación generalizada.
Un ejemplo ilustrativo de lo anterior es el anuncio realizado el jueves 7 de mayo por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien afirmó el carácter “unánime” del acuerdo alcanzado entre dicha dependencia y las autoridades educativas estatales para adelantar la conclusión del ciclo escolar vigente en instituciones públicas y privadas a nivel nacional. No obstante, en las horas posteriores, diversos gobiernos estatales y actores del sector educativo privado manifestaron su distanciamiento respecto de la medida, lo que evidenció fisuras en la supuesta unanimidad del acuerdo.
La reacción social ante el anuncio fue inmediata y heterogénea: mientras que algunos sectores expresaron entusiasmo ante la ampliación anticipada del periodo vacacional, otros manifestaron preocupación por las implicaciones operativas en el cierre del ciclo escolar, particularmente en lo relativo a evaluaciones, procesos administrativos y ceremonias de graduación previamente calendarizadas e incluso financiadas. En este sentido, la medida revela altos niveles de improvisación y ambigüedad programática en el proceso de formulación de la política educativa nacional. Asimismo, ha generado descontento e incomprensión entre el profesorado y las familias, quienes se ven obligados a reorganizar de manera acelerada sus dinámicas cotidianas frente a una disposición que no contempla estrategias diferenciadas acordes con los supuestos que la justifican: las altas temperaturas y la realización del mundial.
Adicionalmente, la medida omite considerar que, para un amplio sector de la población mexicana, la escuela cumple funciones de contención social y cuidado de las infancias, especialmente en contextos atravesados por diversas formas de violencia. En consecuencia, la salida anticipada del alumnado podría traducirse en la ausencia de supervisión adulta en los hogares, dado que las actividades laborales no se verán interrumpidas por la realización del evento deportivo.
Si bien existen antecedentes de suspensiones o cierres anticipados del ciclo escolar en determinadas entidades federativas, debido a condiciones climáticas extremas, resulta evidente que dichas circunstancias no son homogéneas a nivel nacional. De manera análoga, el impacto directo del mundial se circunscribe a un número limitado de ciudades Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En este contexto, la caracterización de la medida como “unánime” resulta problemática, particularmente cuando desde el Ejecutivo federal se le refirió como apenas una propuesta.
En suma, este tipo de decisiones puede inscribirse en una lógica incrementalista de la política pública, en la que se privilegian ajustes marginales por encima de transformaciones estructurales. Un antecedente relevante es el programa Aprende en Casa, que, si bien constituyó una respuesta coyuntural ante la emergencia sanitaria, no derivó en la consolidación de nuevas racionalidades en la organización de la vida escolar en la educación básica en México. De haberse producido tales transformaciones, cabría suponer que la propuesta habría incorporado, al menos de manera complementaria, el tránsito hacia modalidades educativas remotas y no el cierre total de actividades.
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