Hasta ahora, niños y adolescentes permanecen marginados de la controversia generada por los libros de texto para el próximo ciclo escolar, pero debe preguntárseles a través de ejercicios de consulta y defender su derecho a la educación, expresó Catalina Castillo Castañeda, activista social y representante de la Red por la Infancia en Ciudad Juárez.
“Una de las cosas que se deben hacer es preguntarles a los alumnos porque es un asunto que les está afectando directamente a ellos, hay que hacer ese ejercicio de participación infantil: qué están pensando frente a esta situación y esta politización de los libros de texto”, consideró.
Agregó que es importante denunciar ante las instancias correspondientes, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tendría que estar haciendo un posicionamiento ante la situación, al igual que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Estos organismos realmente atienden la agenda de niños y adolescentes (NNA) y tendrían que estar haciendo un posicionamiento y ejercicios de participación infantil ante la importancia de que tengan voz ante esta situación, dijo.
Consideró que negar la distribución de los libros de texto es una violación de sus derechos porque ese material está contemplado en el artículo tercero constitucional en México, desde ahí hay una afectación a las leyes, a la Convención de los Derechos del Niño, que es el documento máximo de atención que tienen las agencias que atienden este rubro.
Además, continuó, es un documento que firma el Estado Mexicano, por lo que se constituye en otra violación con esta situación que está pasando.
En su opinión, los tres niveles de Gobierno deberían estar defendiendo el derecho de la infancia en su conjunto, tanto el Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial.
Desde su perspectiva, el estado está desprotegiendo los derechos de los NNA porque nuevamente no se les pone en el centro de la discusión y los libros son parte del sistema educativo y un instrumento importante.
“Quienes hemos venido trabajando con niños, niñas y adolescentes, los libros, los materiales, son muy importantes, entonces se les están negando el derecho al saber de temas importantes y contextuales de la vida pública y de la vida familiar”, argumentó.
Castillo Castañeda dio a conocer que ahora se están tratando los temas educativos desde un enfoque diferente porque se vive en un contexto distinto, entonces no se puede tener libros tan obsoletos en una situación de la que los infantes y los adolescentes son parte en esta realidad social actual.
Finalmente, aseguró, las autoridades tendrán que entregar los textos en medio de toda esta maraña porque es el momento en el que tienen que proporcionárselos porque es su derecho al conocimiento y contar con materiales del contexto actual de este país.
Añadió que quienes deben actuar para resolver la situación a favor de los estudiantes son las mismas instituciones; mientras, son pocos maestros que se están moviendo para defender el derecho de los alumnos con la responsabilidad pública que tienen.
Los docentes tienen que procurar que se cuente con este material en sus aulas, de lo contrario se les está privando de este apoyo y violando también sus derechos.
Los hechos actuales, consideró la activista, son inéditos.
“¿Quién había cuestionado de alguna manera los libros de texto? Creo que es inédito en términos de que se está teniendo una posibilidad de cambio en el sistema educativo”, mencionó.
Acerca de la postura del Gobierno del Estado, instancia que descalificó totalmente los textos, estableció que se muestra como una autoridad con falta de conocimiento, de perspectiva de derechos humanos y también de procesos de justiciabilidad.
“Es un asunto público que se debe de denunciar y además de llevar a la justicia, esta administración estatal ha venido generando una violación a los derechos humanos de todos los chihuahuenses”, enfatizó.
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