El Congreso de Chihuahua desde el 15 de mayo exhortó al gobernador Javier Corral Jurado para que solicitara a la Secretaría de Gobernación federal la declaración de alerta de violencia de género, particularmente para Ciudad Juárez, donde los casos de feminicidios muestran un incremento sostenido.
“El punto de acuerdo aprobado por mayoría de votos señala que durante el Gobierno actual la escalada de feminicidios ha aumentado drásticamente”, refiere el documento que aporta datos sobre casos de homicidios durante los tres últimos años en la entidad.
El dictamen fue presentado al Pleno para su votación por el diputado Román Alcántar Alvídrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien señaló que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua se encuentra dentro de los primeros cinco estados con respecto a crímenes contra las mujeres, y a pesar de ello no se cuenta con un mecanismo de protección de sus derechos fundamentales.
Diputados que aprobaron el dictamen rechazaron las “evasivas” del Gobierno estatal para que no se descalifique el protocolo federal en cuestión, llamándolo “ineficaz e inservible”.
La Segob reporta que actualmente existen 30 procedimientos de alerta de género en 27 estados, en 9 casos desautorizaron el procedimiento solicitado.
Los únicos tres estados que no cuentan con solicitud de alerta son Chihuahua, Tamaulipas y Baja California Sur.
Benjamín Carrera, diputado de Morena, uno de los impulsores de la iniciativa del Congreso de Chihuahua, señaló que en la aparente omisión para implementar la alerta de género, se entrelazan cuestiones políticas, ya que las autoridades locales temen que con la implementación del protocolo tengan que asumir que “no están haciendo bien las cosas”.
Sin embargo, señala el legislador: “Las cifras hablan por sí solas, la realidad que viven las mujeres aquí nos indican que algo no está funcionando y necesitamos cambiar las maneras de actuar”.
Hace más de un mes la fracción mayoritaria panista del Poder Legislativo se rehusó a sumarse al exhorto dirigido al gobernador para que, por conducto de la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña Lobera, soliciten a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el inicio del procedimiento para que se decrete la alerta de género, “ante el inminente aumento de asesinatos de niñas y mujeres chihuahuenses”.
Para que el Gobierno federal decrete la alerta primero debe presentarse una solicitud a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o bien de organizaciones de la sociedad civil.
El diputado Carrera señaló que se entrevistó con funcionarios de la CEDH para el seguimiento de la iniciativa de acuerdo del Congreso, y confió que en breve se obtendrá una respuesta positiva, toda vez que el presidente del organismo le informó que estaban por “destrabarlo”.
Un mal que crece
Sin embargo, los datos dan cuenta del ambiente violento en contra de las mujeres y las niñas, y explica la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil.
El Observatorio Ciudadano Especializado en Género y Sistema de Justicia Penal de la Red Mesa de Mujeres, con datos del área de estadística criminal de Fiscalía General del Estado, identificaron que hasta 17 de mayo de 2019 hubo 58 feminicidios, en comparación con 40 mujeres víctimas durante el mismo mes pero de 2018, con un incremento del 45 por ciento entre un año y el otro.
La misma organización documentó 96 feminicidios en 2017 y 129 homicidios en 2018.
“No me cabe ninguna duda. Es necesaria la solicitud de alerta de género para Juárez y otros municipios del estado de Chihuahua”, publicó esta semana la abogada y activista Imelda Marrufo en el espacio de opinión editorial La Verdad.
Definiendo la alerta de género
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece esta figura desde 2008.
Consiste en un conjunto de acciones que debe realizar el Gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida a fin de garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, explicó Marrufo en la citada fuente.
Para sustentar los hechos que perturban la paz pública, como dice el reglamento, basta con las mujeres asesinadas que fueron localizadas enterradas en el terreno de una vivienda. O la decapitada en el Valle de Juárez. También con los delitos contra las mujeres cometidos en otros municipios del estado”, dijo.
“Para que se declare la alerta se requiere que se cumpla con el supuesto de la existencia de violencia feminicida… tanto en el ámbito público como privado, conformada por un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a la impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muertes violentas.
No hay tiempo para esperar
La sentencia de Campo Algodonero debería bastar para que el Estado mexicano trazara una hoja de ruta e impulsara medidas emergentes y permanentes para proporcionar seguridad, políticas públicas y presupuestales para hacerlo posible, pero eso no ha ocurrido. Entonces, es apremiante solicitar también la alerta”, señaló.
La alerta es para que el Gobierno federal asuma su responsabilidad, sentenció Marrufo.
Dijo que la solicitud de la alerta es un reto para la actual CEDH de Chihuahua, que, sin lugar a dudas tendrá en las organizaciones de la sociedad civil muy buenas aliadas, incluso para hacer una solicitud conjunta, porque hay “alerta por violencia feminicida en Juárez y Chihuahua, no hay tiempo para esperar”.
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