La directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cdhpn), Carla Palacios, denunció esta mañana que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) y la Fiscalía General de la República (FGR), cometieron omisiones relacionadas al juicio oral en contra de Adán Serafín Cárdenas Cruz, quien fue encontrado culpable por torturar a cinco personas, quienes terminaron por autoincriminarse del atentado con un coche bomba en julio de 2010.
Mencionó que, hasta el momento, ninguna de las instituciones de Gobierno ha informado a las víctimas que representan, Rogelio Amaya y Noé Fuentes, acerca del fallo condenatorio que se obtuvo en contra de uno de sus agresores y que tampoco tienen conocimiento sobre si se buscara interponer un recurso judicial que apele dicha sentencia.
Enfatizó en que la condena que se obtuvo es una muestra clara del desinterés gubernamental de otorgar justicia a las víctimas de tortura por parte de elementos de las corporaciones del estado.
Mencionó que, entre las omisiones más graves, está que el Ministerio Público no acusara al imputado de la comisión del delito de desaparición forzada, mismo que estaba contemplado dentro de la carpeta de investigación relacionada con los hechos.
“Resulta insuficiente sancionar a un solo servidor público, pues está acreditada la participación de al menos ocho policías federales en los actos de tortura”, agregó.
De igual manera, aseveró que tampoco se han establecido actos de investigación para determinar la responsabilidad de médicos legistas y demás personas involucradas en los actos de tortura, mismos que aseguró, se cometieron en inmuebles oficiales durante horarios de servicio de los agentes.
Indicó que las víctimas han sufrido intentos de extorsión por parte de supuestos abogados ligados a Ceave, quienes les dijeron que la única forma de que accedieran a los pagos por reparación del daño es que acudan de manera directa a la Ciudad de México.
Rogelio Amaya, una de las cinco víctimas de tortura en 2010 relató que la noche en la que fueron detenidos se encontraba con Noé y otras tres personas, quienes iban a casa de una amiga cuando se encontraron con los agentes de la Policía Federal.
Los oficiales, que encontraron bebidas alcohólicas en el vehículo, procedieron a golpear a los hombres, para posteriormente llevarlos a un cuartel que, según mencionó Rogelio, “se encontraba por el Ribereño”.
Recordó que durante tres días las cinco personas fueron torturadas con el propósito de que se autoincriminarán y aseguraran que ellos fueron los responsables del atentado terrorista en el centro de la ciudad.
Señaló que, durante los cuatro años en los que permanecieron detenidos, la Fiscalía y el aparato gubernamental retrasó su proceso lo más posible, cambiándolos de penal e imputándoles diversos delitos, destacando que, en ningún momento, se les acusó formalmente del atentado del 15 de julio.
Finalmente, contó que en marzo de 2014 la FGR emitió “conclusiones no acusatorias” que derivaron en su liberación.
Desde entonces, afirmó, ha emprendido una ardua batalla legal en contra de las instituciones de gobierno, acompañadas por el Cdhpn con asesoría jurídica y psicológica.
Palacios hizo un llamado a la Ceave para que garantice las medidas de reparación integral del daño en contra de las víctimas, incluyendo una disculpa pública, reconociendo su inocencia y que se ordene borrar de internet notas periodísticas en las que se informa sobre la detención de las cinco víctimas y que continúan criminalizándolos.
Exigieron a la FGR que se establezcan líneas de investigación eficientes que permitan dar con el paradero de todos aquellas personas responsables de estos hechos.
Con relación a los actos de tortura que sufrieron han sido arrestadas otras dos personas: Federico López Pérez, quien fue detenido por diversos delitos en el estado de Tamaulipas, en marzo 2015.
La otra es Luis Alberto González Gutiérrez, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en La Huacana, Michoacán, a quien se le detuvo en enero de 2025.
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