La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) afirmó que un juez federal reconoció, mediante una sentencia definitiva, al Gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, como víctima directa por el desvío y la disposición irregular de 98.6 millones de pesos, pero posteriormente resolvió en sentido contrario y le retiró esa calidad.
En un comunicado, la FACH informó que dentro del juicio de amparo 547/2026, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el estado, existe una sentencia definitiva emitida el pasado 14 de agosto, en la que se reconoció al estado de Chihuahua como víctima, por conducto de la Secretaría de Hacienda, respecto del delito de peculado agravado relacionado con la desviación y disposición ilegal de los recursos.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción acusó al juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez de asumir posteriormente la competencia y despojar a la Secretaría de Hacienda de su calidad de víctima.
De acuerdo con la FACH, el 24 de agosto, el juzgador, a quien previamente se le había notificado de una presunta violación a la suspensión definitiva otorgada al estado de Chihuahua por un juez de amparo, resolvió asumir la competencia pese a dicha notificación.
La fiscalía sostuvo que, con esta determinación, el juez federal habría incurrido en el supuesto delictivo previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo.
La dependencia estatal agregó que ya se había denunciado al juzgador ante el Tribunal Federal de Disciplina Judicial y que también se presentó una denuncia por la presunta violación de la suspensión definitiva, debido a que, según la Fiscalía, insistió en desconocer el carácter de víctima de la Secretaría de Hacienda estatal.
La FACH también denunció un supuesto “hostigamiento sistemático” y tráfico de influencias de funcionarios de la Fiscalía General de la República y del juez federal, quienes, según la dependencia, actuarían en colusión con uno de los imputados para tratar de intimidar la actuación de la Fiscalía Anticorrupción mediante requerimientos y resoluciones que, afirmó, estarían fuera del marco legal.
La dependencia sostuvo que el objetivo de esas acciones sería generar impunidad en el caso.
En su posicionamiento, la Fiscalía también cuestionó una resolución del Tribunal Colegiado que, según su interpretación, resolvió de manera “atípica” un conflicto competencial al confundir participaciones con aportaciones federales dentro del sistema nacional de recaudación y fiscalización.
La FACH precisó que dicha resolución se habría referido únicamente a uno de los imputados, identificado por sus iniciales como J.C.J., por lo que, desde su perspectiva, el conflicto competencial habría quedado concluido respecto de ese asunto.
La Fiscalía Anticorrupción planteó una serie de cuestionamientos sobre el origen y destino de los recursos.
“¿De qué cuenta y de dónde salieron los 98.6 millones de pesos? ¿Por qué retorcer la ley y todo el sistema de fiscalización solo para proteger los caprichos de uno de los imputados?”, cuestionó.
La dependencia estatal aseguró que no se dejará intimidar y que continuará utilizando las vías legales disponibles para defender los recursos públicos.
“La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no se dejará intimidar y seguirá defendiendo con determinación y firmeza, ante las últimas instancias y por la vía legal, los recursos que les pertenecen a los chihuahuenses”, sostuvo.
La FACH insistió en que los 98.6 millones de pesos se desviaron y dispusieron indebidamente, y reiteró que continuará con las acciones jurídicas para buscar su recuperación y defender los intereses del Estado de Chihuahua.
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Por Alejandro Salmón Aguilera
