Los desalojos de viviendas donde se realizan presuntas notificaciones ficticias han continuado en la ciudad, de lo cual tomó nota la síndica Esther Mejía, quien estuvo presente el pasado martes, cuando autoridades acudieron a sacar a una familia de una propiedad ubicada en la colonia Villas Residencial.
La propia síndica explicó que acudió a entregar unos balones de futbol y dulces a un equipo deportivo cerca del lugar, cuando le avisaron que se realizaba la acción supuestamente irregular de actuarios. Acudió para tratar de impedir que a los ocupantes se les dejara en la indefensión, cuando el clima era muy frío.
Señaló que cuando fue diputada federal, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se enteró que en Juárez había 70 mil casas abandonadas, cuando hay familias que viven en hacinamiento, con hasta 16 personas en dos cuartos, por lo que se le explicó de la necesidad de que se ocuparan.
Dijo que en general, el titular del Poder Ejecutivo se comprometió a que no se volverían a realizar desalojos arbitrarios, lo cual no se respeta actualmente.
Mencionó que el Infonavit debe vender las viviendas a un costo simbólico porque muchas de las familias ya tienen muchos años ahí, como es el caso de la casa a la cual acudió.
“Ayer andaban desalojando gente que tenía de 10 años para arriba, una señora tenía más de 15 años y luego nunca le avisaron nada y llegan a sacarlos y luego como una docena de policías y hasta llevan un camión para llevarse las cosas de la gente o echarlas para afuera”, comentó.
Consideró que ese tipo de acción es inhumana, porque “no pueden andar haciendo y yo fui y me les planté y le dije ‘usted no puede andar sacando a la gente sin un juicio previo’. Y dicen que ya todo tiene juicio de desalojo pero ese juicio estoy segura que son juicios fraudulentos, de los que condenó el presidente Andrés Manuel (López Obrador)”.
La síndica explicó que las personas que ocupan ese tipo de viviendas tienen la intención de regularizar su situación y que incluso cuando acuden a tratar de pagar predial o realizar convenio con Infonavit, no les permiten hacer pagos.
Agregó que entes que se identifican como supuestas inmobiliarias, lo que buscan es apropiarse de las viviendas, para luego revenderlas a precios exorbitantes de 600 mil y hasta un millón de pesos o más, con las plusvalía que les dan los propios arreglos que le hicieron los ocupantes.
“Eso es un crimen… no pueden hacer eso con la gente”, subrayó Esther Mejía.
Aunque el desalojo de la casa se frenó la noche del martes, se concretó finalmente este miércoles.
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