La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua obtuvo la vinculación a proceso de D.H.M., quien durante la pasada administración estatal se desempeñó como médico general tratante adscrito al Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), por su probable participación en el delito de peculado agravado relacionado con el presunto desvío de medicamentos oncológicos de alta especialidad.
Sin embargo, más allá de la resolución judicial, el dato que podría marcar el rumbo de la investigación surgió de la propia voz del imputado.
Durante la audiencia inicial, D.H.M. reconoció que autorizó la expedición de los medicamentos involucrados en el caso y confirmó que la firma plasmada en los documentos corresponde a él.
Pero además aseguró que actuó siguiendo “instrucciones superiores”.
La declaración la tomaron en cuenta el juez de Control y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora buscarán establecer si existieron otros funcionarios involucrados en la presunta operación irregular.
De acuerdo con la dependencia, este nuevo elemento abrió líneas de investigación adicionales para determinar quién ordenó, autorizó o facilitó la salida de medicamentos destinados a pacientes con cáncer.
Durante la audiencia, la defensa intentó frenar el proceso penal, argumentando que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ya absolvió a su representado.
No obstante, el juez desestimó ese planteamiento al considerar que dicha resolución corresponde a una instancia distinta y no tiene efectos vinculantes sobre el procedimiento penal en curso.
Tras analizar los antecedentes de investigación presentados por la Fiscalía, el juzgador concluyó que existe un alto grado de probabilidad de que D.H.M. participó en la comisión del delito de peculado agravado, por lo que resolvió vincularlo a proceso.
La investigación se remonta al 10 de septiembre de 2021, durante la pandemia de COVID-19, cuando presuntamente A.V.CH., entonces coordinador estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud, dispuso de manera indebida de medicamentos oncológicos.
Según la carpeta de investigación, los fármacos se prescribieron y suministraron sin una justificación médica válida, mediante indicaciones inadecuadas y fuera de los plazos de canje legal.
Además, se habrían autorizado tratamientos oncológicos que no correspondían a diagnósticos clínicos acreditados, permitiendo la obtención irregular de medicamentos de alta especialidad cuyo destino era la atención de pacientes con cáncer.
Las investigaciones hasta ahora apuntan a la posible participación de diversos servidores públicos en una mecánica que habría facilitado el desvío de estos medicamentos.
El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, afirmó que las indagatorias continuarán hasta esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.
La frase pronunciada por el imputado durante la audiencia —“instrucciones superiores”— podría convertirse ahora en la pieza clave para que la investigación escale más allá de quienes firmaron o autorizaron la entrega de los medicamentos y alcance a quienes presuntamente dieron las órdenes.
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