La Cámara de Diputados dio entrada a la solicitud para el desafuero del senador Cruz Pérez Cuéllar y activó el mecanismo para llevar a discusión ante el pleno la petición formulada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que busca ejercer acción penal contra del político chihuahuense.
El fiscal general César Augusto Peniche Espejel se presentó la mañana de este viernes ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados en la capital del país, para ratificar la solicitud de declaración de procedencia.
Peniche Espejel explicó que -tras haber sido citado por la oficina de Asuntos Jurídicos de la Cámara baja- expuso ante su titular Luis Genaro Vázquez Rodríguez los detalles por los que la Fiscalía de Chihuahua busca que le se le retire el fuero al senador Pérez Cuéllar.
“En efecto, hicimos la ratificación y tuvimos una conversación con el director general para efectos de informar cuáles son los pasos a que se habrá de dar en el trámite”, dijo el fiscal.
Luego de la conversación, se firmó el documento de ratificación de la solicitud para el desafuero. A partir de ese momento se activó el mecanismo correspondiente ante la Cámara de Diputados para el trámite de la solicitud de la declaración de procedencia.
Según las reglas establecidas en el Congreso, el próximo lunes se realizará el acto de emplazamiento y notificación a Cruz Pérez Cuéllar.
“Se le hará saber (al senador) el contenido de todos los documentos por parte de la Fiscalía General del Estado y el contenido de todas y cada una de las pruebas, que son varias”, expuso el fiscal Peniche.
¿Por qué tardaron 4 años en ejercer la acción judicial contra Pérez Cuéllar?
Norte Digital cuestionó al fiscal general sobre la tardanza de cuatro años en ejercer la acción judicial; no solamente contra el senador Pérez Cuéllar, sino contra la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos. Ambos personajes están vinculados a la llamada “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, que presuntamente repartió casi mil millones de pesos.
“Contamos con alrededor de 120 carpetas de investigación. Es mucha la información que se ha obtenido e investigado. Se han tenido que recabar datos ante las autoridades fiscales y financieras”, explicó.
¿Por qué esperó la Fiscalía cuatro años -hasta el momento de las definiciones políticas de quienes aspiran a un cargo de elección popular, en este caso a la gubernatura– como Cruz Pérez Cuéllar y maru Campos?, se le insistió.
“La integración de las carpetas ha sido lenta. En este asunto de la nómina secreta es un tema que involucra alrededor de 120 personas. Ha sido algo complejo por la cantidad de personas involucradas”, mencionó.
No obstante, afirmó que “los tiempos se determinan una vez que se reúne la información y pruebas de cada uno de los casos. La Fiscalía General no obedece a tiempos políticos electorales, sino que más bien solo lo hace con base en hechos”.
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