Crear la Ley General de las Memorias es, para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un prioritario pendiente que México debe resolver prontamente.
Uno de muchos pendientes en materia de derechos humanos que, en este caso, busca arrojar luz sobre la situación derivada de la llamada “Guerra Sucia” del pasado.
La propuesta se enfoca en promover mecanismos para la rendición de cuentas y desarrollar acciones que garanticen la no repetición de estos hechos; además de pugnar por la dignificación de la memoria de las víctimas.
La iniciativa surgió desde el seno de la recientemente creada Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990.
Con este objetivo, fue que el pasado viernes se realizó en esta frontera el proceso de discusión y análisis del cual se informó ese día. Un proceso que, además de contar con funcionarios federales, víctimas, familiares de víctimas e integrantes de organizaciones ciudadanas, estuvo acompañado por una representación de la ONU.
Acompañamiento a cargo de Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Al respecto, el mencionado representante de la Oacnudh en México, destacó la relevancia de contar con espacios de diálogo que permitan fortalecer las bases de creación de esta nueva ley.
“Ciudad Juárez es un lugar muy importante en el contexto de la Historia de México, en este periodo que aborda la Comisión de la Verdad; por ello nos pareció oportuno estar aquí acompañando este esfuerzo”, manifestó a Norte Digital Peña Palacios.
Indicó que la oficina a su cargo ha venido acompañando de tiempo atrás los esfuerzos que en esta materia impulsa el Gobierno de México; esfuerzos conjuntos con sobrevivientes y familiares de víctimas, buscando avanzar en el conocimiento de los hechos acaecidos en México entre 1965 y 1990.
Y destacó que en Juárez se haya celebrado un encuentro regional para conversar sobre esta iniciativa, “trabajándola en diálogo con supervivientes, familiares, expertos y autoridades”.
“En este sentido es el motivo de nuestra presencia en este encuentro regional desarrollado mediante un diálogo abierto, que permita ir construyendo esta iniciativa; una iniciativa tendiente a crear la ley de memoria”, dijo.
Respecto a las desapariciones forzadas en Chihuahua y Ciudad Juárez, consideró que es otro de los grandes retos a enfrentar en materia de derechos humanos.
Un reto que requiere de acciones que, en una primera instancia, permitan acercarse al conocimiento de las dimensiones reales del problema.
Al respecto, reconoció que las actuales autoridades han dado facilidades para acceder a esos pasajes “olvidados” de la historia nacional. Pero a la vez manifestando las dificultades que esto implica en un país que tradicionalmente no estaba acostumbrado a rendir cuentas.
Consideró que este acercamiento y conocimiento derivado es lo que puede facilitar la promoción de acciones enfocadas a la búsqueda en vida de estas personas; esto además de avanzar en la investigación y generar medidas que impidan que esto siga ocurriendo.
“Hay que reconocer que hay avances por parte del Gobierno Mexicano, pero faltan también sin lugar a dudas pasos por dar; son casi 110 mil personas las que se tienen contabilizadas como desaparecidas, nunca debemos olvidar que no son un número, son personas detrás de cada una de las cuales hay una familia que suspira día a día por el retorno del ser querido”, externó.
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