Candidatos y candidatas para las elecciones de junio de este año recibieron amenazas del narco en al menos 17 estados del país, incluido Chihuahua. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez reveló la información.
Los quieren cooptar para seguir dominando territorios y tener acceso a presupuestos públicos, especialmente en el nivel de Gobierno municipal, alertó Rodríguez.
Es por eso que para las elecciones de este año el Gobierno federal implementará una estrategia de seguridad. Buscan blindar a los candidatos y candidatas de amenazas, hostigamiento y hasta posibles ataques de grupos de delincuencia organizada, precisó.
También estarán actuando contra los que denominó “delincuentes de cuello blanco”.
Dijo que van a brindar protección a candidatas y candidatos que hayan recibido amenazas por su participación en las elecciones del 6 de junio.
No dio detalles de nombres de personas ni lugares donde se localizan.
Denuncian violencia por elecciones en al menos en 17 estados
En su exposición, Rodríguez presentó una gráfica en la que se indica que en 17 estados del país han ocurrido eventos de violencia política relacionados con el periodo electoral.
El saldo es de 64 muertos y 24 heridos, entre septiembre de 2020 y febrero de 2021.
Para atajar el problema -dijo- establecieron una mesa de trabajo. En ella participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobernación, Consejería Jurídica, Unidad de Inteligencia Financiera y Centro Nacional de Inteligencia.

No citó casos específicos; sin embargo, refirió que en procesos electorales anteriores hubo regiones donde los delincuentes decidían candidatos y actualmente buscan seguir controlando mediante campañas de medio.
De acuerdo con la información de la SSPC, en la elección de 2018 ocurrieron más de 150 asesinatos que encuadran en la denominada narcopolítica.
De septiembre de 2020 a febrero de 2021 ya son 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos con 64 víctimas de homicidios y 24 heridos.
“Las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, indicó Rodríguez.
Chihuahua, a la sombra de la narcopolítica
En el caso de Chihuahua investigaciones periodísticas revelaron desde 2016 la infiltración del narco en las elecciones de municipios serranos como Uruachi, Urique, Chínipas, Buenaventura, Namiquipa y Bachíniva.
Fue ese el contexto en el que se ubicó el asesinato de la periodista Miroslava Breach el 23 de marzo de 2017. Ella desentrañó cómo grupos criminales decidieron candidaturas y ocuparon alcaldías y jefaturas de policía, entre otros cargos públicos.
La fórmula se repitió en 2018, cuando en Chínipas, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías los narcotraficantes impusieron de nuevo su voluntad. Llegaron al extremo de asesinar a abanderados de partidos que se atrevieron a postularse.
Fue el caso del profesor Antonio Miranda Martinié, candidato a síndico del PAN asesinado en Chínipas; la candidata a regidora del PRD Liliana García, masacrada en Ignacio Zaragoza, y el síndico en funciones de ese mismo municipio Antonio Quezada, ultimado en febrero de 2019.
También en Ignacio Zaragoza fue privado de la vida el tesorero municipal Guadalupe Payán Villalobos el 4 de marzo de 2018.
En Gómez Farías, otro municipio localizado en el corredor del noroeste, atacaron a tiros el alcalde electo Juan Blas Godínez, el 7 de septiembre de ese mismo año. Un año antes, el anterior alcalde –su padre– fue víctima de un secuestro.
En el anuncio de la secretaria de Seguridad federal del jueves no se informó de investigaciones que se hayan iniciado por los hechos relacionados con narcopolítica de elecciones anteriores.


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