El ejercicio fiscal 2020 del Gobierno del Estado se caracterizó por el abuso en los préstamos a corto plazo, por el incumplimiento en los pagos a proveedores, la falta de liquidez para adquirir medicamentos, el retraso en el pago de prestaciones laborales e inclusive el abandono de Pensiones Civiles del Estado.
El anterior es parte del análisis que hizo el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, tras la comparecencia del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno de la administración estatal.
Chihuahua, el estado con más préstamos a corto plazo
Hasta noviembre del año pasado Chihuahua se convirtió en el estado del país con más créditos a corto plazo inscritos ante la SHCP. El monto por los préstamos es de casi 3 mil millones de pesos.
Al respecto, Fuentes Vélez aseguró que el Gobierno estatal dejará en septiembre una situación financiera más favorable.
“Nuestra estrategia para el cierre es librar en mayo la liquidación de créditos a corto plazo”, aseguró. “Es decir, que la siguiente administración no tenga un solo crédito comprometido”.
Sin embargo, en cuanto a la deuda pública a largo plazo, las próximas autoridades tendrán que lidiar con una megadeuda superior a los 60 mil millones de pesos.
No obstante, el secretario Fuentes Vélez “presume” que la reducción de la deuda, en términos reales, fue de 12 mil millones. En 2016, el Gobierno de Duarte heredó un endeudamiento por 45 mil millones de pesos.
Gasto corriente obligó a hacer recortes
El diputado Miguel Ángel Colunga mencionó que, pese a las condiciones críticas en el manejo de las finanzas, «se sigue privilegiando el gasto corriente sobre la inversión pública«.
“El gasto de operación representa el 75 por ciento del gasto total”, precisó el legislador. “Pero además, contiene enormes recortes a sectores sensibles y que deberían tener prioridad”.
Puso como ejemplo los ajustes con respecto al ejercicio anterior en Educación, por 542.9 millones de pesos; al Ichisal, por 867.5 millones de pesos, y Pensiones Civiles, por 564.3 millones de pesos.
“Tales ajustes solo demuestran la insensibilidad del Gobierno para cubrir las necesidades más básicas de la población”, abundó.
Tras criticar que por cuarto año consecutivo la administración estatal presentó un presupuesto con un déficit oscilante entre los 4 mil y 5 mil millones de pesos, los ajustes anunciados afectaron distintas ramas del Gobierno.
Puso como ejemplo también los recortes al Tribunal Superior de Justicia por 521.8 millones. Eso puso en riesgo la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, a la cual está obligado el Gobierno por un ordenamiento federal.
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