Los problemas legales para el exgobernador César Duarte no terminan, al trascender este jueves que la Corte de Distrito del Oeste de Texas, con sede en El Paso, reactivó el caso de la denuncia presentada por el gobierno de Chihuahua quien reclama el pago mínimo de 25 millones de pesos por la compra de propiedades en EU y que pudieron haber sido adquiridas con recursos públicos.
De acuerdo al caso que será atendido por el juez David C. Guaderrama, en el caso estáría directamente implicada su familia que incluye a su esposa, dos hijos, una hermana y una cuñada.
Duarte fue detenido el pasado 8 de julio en Miami, Florida, donde espera el juicio de extradición a México en donde 21 órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, peculado agravado y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la causa penal que presentó el gobierno del estado de Chihuahua desde el pasado 7 de abril ante una corte de Texas, estarían involucrados además de César Duarte, su esposa Bertha Olga Gómez Fong, sus hijos Olga Sofía y César Adrián Duarte, además de su hermana Olga, su cuñada Gabriela Armendáriz, y la empresa CAD Construction propiedad de los dos hijos del exgobernador. CAD se refiere a las iniciales de César Adrián Duarte, hijo.
El consejero jurídico del estado de Chihuahua, Jorge Espinoza, explicó a Norte Digital que la demanda es atendida por el despacho The Buzbee Law Firm, con sede en Houstin, el cual fue contratado por el gobierno de Chihuahua para rastrear y reclamar el desvío de recursos a través de los bienes adquiridos por la familia Duarte.
La motivación de la demanda menciona que: “Duarte conspiró con su familia y asociados para fugarse con estos recursos robados, que luego se utilizaron para hacer inversiones, comprar casas y automóviles de lujo en los Estados Unidos. Por lo tanto, el estado de Chihuahua presenta esta demanda para recuperar estos bienes”.
De acuerdo al Código Penal de Texas, Duarte y su familia podrían ser juzgados por conversión, robo, abuso de confianza, conspiración civil y otros.
Los demandados son representados por la firma Yetter Coleman, también con sede en Houston.
El 30 de marzo, César Duarte y su esposa objetaron ante una corte que ninguno de los acusados tiene conexión “de cualquier tipo” con la supuesta conducta del involucrado.
También manifestaron que “los reclamos del gobierno de Chihuahua ponen en tela de juicio la validez de las acciones públicas reclamadas, y tampoco contiene detalles, y cita como ejemplo, la supuesta conducta inapropiada del gobierno duartista, en la compra de medicamentos para el cáncer supuestamente caros, y que el gobierno luego distribuyó a pacientes en Chihuahua”.
El propósito del gobierno de Chihuahua es recuperar alrededor de 50 propiedades, o incluso pueden ser más, según explicó el titular de la consejería estatal Jorge Espinoza.
“Pueden ser muchas más propiedades, no solo las 50 referidas. Incluso los 25 millones de pesos reclamados es apenas una base mínima del quebranto a las finanzas públicas”, afirmó.
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