A cuatro años del Jueves Negro, los procesos por terrorismo relacionados con los ataques del 11 de agosto de 2022 continúan abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya existen sentencias de hasta 300 años de prisión contra algunos de los responsables por delitos del fuero común.
El encargado de despacho de la FGE, Francisco Sáenz Soto, señaló que la masacre de 11 personas inocentes, así como la quema de negocios y vehículos a manos de grupos criminales constituye uno de los episodios más graves que ha vivido Chihuahua.
“Es un hecho lamentable que quedó grabado en la memoria de todos los juarenses y chihuahuenses”, expresó.
El funcionario afirmó que la delincuencia organizada puso a prueba a las instituciones de seguridad del estado; sin embargo, destacó que las investigaciones permitieron concretar diversas detenciones y vinculaciones a proceso.
Precisó que actualmente corresponde a la Fiscalía General de la República llevar los procesos por el delito de terrorismo derivados del Jueves Negro.
“Tenemos conocimiento del seguimiento que se está dando de algunas líneas de investigación que se trabajan a través de esta instancia federal y nosotros estamos en estrecha colaboración. Esperemos tener pronto resultados en dichas investigaciones”, señaló.
Agregó que, con la información de la que dispone, los procesos federales avanzan de manera sólida y se encuentran en espera de que se emitan las sentencias correspondientes.
En cuanto a la competencia estatal, explicó que la FGE ya obtuvo condenas que rondan los 300 años de prisión contra algunos involucrados en los hechos.
Sáenz Soto no precisó si la Fiscalía estatal mantiene abiertas investigaciones para capturar a quienes asesinaron a civiles durante aquella jornada, ni informó si se investigó a funcionarios del sistema penitenciario que presuntamente permitieron que Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, continuara dirigiendo a Los Mexicles desde el Cereso Estatal número 3.
De acuerdo con una investigación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), El Neto ordenó el ataque indiscriminado contra la población civil y, dentro del penal, atacó a integrantes de un grupo rival con un arma de fuego mientras lo escoltaban custodios de élite del propio Cereso.
Con esa ofensiva, ocurrida el 11 de agosto de 2022, murieron 11 personas —nueve civiles y dos internos— y la ciudad vivió una jornada de incendios, ataques armados y terror que marcó uno de los episodios más violentos en la historia reciente de Ciudad Juárez.
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